Tras oficios de diputados de oposición, el organismo fiscalizador emitió un dictamen en el que plasmó -nuevamente- que los personeros pueden hacer campaña informativa, pero tendrán absolutamente prohibido decantarse o llamar públicamente a votar por el apruebo o rechazo.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el pasado jueves un dictamen en el que reiteró que las autoridades y funcionarios públicos deben respetar el principio de prescindencia política de cara al plebiscito de salida que se realizará el próximo 4 de septiembre.
En concreto, esto quiere decir que todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos pueden hacer campaña informativa e invitar a participar del proceso, pero sin caer en favorecer o perjudicar alguna de las opciones: apruebo o rechazo.
Dicho dictamen va en la línea de otro recientemente emitido a fines de abril por la misma CGR, en el que plasmó que “las autoridades y servidores públicos no pueden valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar alguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias o partidos políticos que las apoyan”.
Pues bien, ahora la entidad que dirige Jorge Bermúdez reiteró lo antes mencionado. Esto, a raíz de una serie de solicitudes de pronunciamiento realizadas por parlamentarios de oposición. ¿El motivo? Declaraciones a través de redes sociales y medios de comunicación de autoridades de gobierno sobre el plebiscito de salida.
Una de las presentaciones es de los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, ambos de la UDI, quienes solicitaron a la Contraloría referirse ante los dichos expresados por los ministros Giorgio Jackson, de la Secretaría General de la Presidencia, y Camila Vallejo, Secretaría General de Gobierno, en una transmisión en vivo de la plataforma Instagram de esta última cartera, @voceriadegobierno.
🔴En lo sucesivo todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos deben ceñirse estrictamente al instructivo sobre el plebiscito de salida ejecutando sus comunicaciones con imparcialidad.
👉El dictamen https://t.co/yachzLH0wT pic.twitter.com/C3wrbZhLsT
— Contraloría (@Contraloriacl) May 24, 2022
En “similares términos”, el diputado Gonzalo de la Carrera solicitó un pronunciamiento sobre las declaraciones de Jackson emitidas el pasado 26 de abril en el consejo ampliado de ministros -difundidas por el diario La Tercera-, en las que “habría expresado el compromiso del gobierno con el éxito del proceso constituyente y su disposición a colaborar con la Convención Constituyente en la formulación de normas transitorias que garanticen la implementación exitosa de la nueva Constitución”. Esto, a juicio del parlamentario, “no solo vulnerarían el principio de prescindencia política sino además constituirían un acto de intervencionismo”.
El mismo De la Carrera también agregó que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, habría faltado a la prescindencia en entrevista con el diario El Mercurio. Lo anterior, al decir que el Ejecutivo no sería neutral en el plebiscito de salida. Misma situación, expuso el parlamentario por la región Metropolitana, que habría protagonizado el Delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, en un discurso que entregó el 26 de abril en un acto oficial en horario laboral frente a comunidades mapuche donde habría “promovido abiertamente el voto por la opción apruebo”.
Este último hecho, ocurrido en la comuna de Teodoro Schmidt, también fue denunciado al organismo de control por los diputados Henry Leal y Flor Weisse, ambos de la bancada UDI, y Alejandro Bernales (comité Radical-Liberal).
“Cabe manifestar que los requerimientos y denuncias de que se trata hacen alusión a declaraciones efectuadas por las autoridades de gobierno referidas en cada caso, las que fueron expresadas por estas en una data anterior a la emisión del dictamen N° E208180, de 28 de abril del año en curso”, señala el nuevo dictamen de la CGR.
Por ende, agrega el texto, “esta Contraloría General considera que luego de su emisión y amplia difusión, todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos deben ceñirse estrictamente a ellas, de manera que los indicados personeros se encuentran en el imperativo a ajustar su conducta a las citadas instrucciones en lo sucesivo”. Reiterando la prescindencia a las autoridades políticas sobre el plebiscito de salida.
