La acción judicial, presentada por un abogado particular, alude a los artículos 8, 123 y 133 del Código Penal, los que apuntan contra "la conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito". No obstante, también menciona la Ley de Seguridad Interior del Estado, pese a que esta puede ser invocada sólo por el Ministerio del Interior.

El jurista magallánico, Mario Esquivel Lizondo, presentó este martes una querella criminal por Ley de Seguridad del Estado contra la Defensoría de la Niñez y la titular del organismo, Patricia Muñoz.

Lo anterior, luego que ayer se difundiera un video de la institución con una canción que aludía a las evasiones masivas y al estallido social, en el marco de la “Campaña de Derechos 2020”, una de las actividades locales alrededor de la conmemoración de los 30 años de la ratificación en Chile de la Convención de los Derechos del Niño (14 de agosto de 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin).

En la acción judicial ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el abogado alude a los artículos 8, 123 y 133 del Código Penal, los que apuntan contra “la conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito”. No obstante, también menciona la Ley de Seguridad Interior del Estado, pese a que esta puede ser invocada sólo por el Ministerio del Interior; aunque él argumenta ser víctima de la acción en su calidad de ciudadano, considerando que se realizó un gasto público para generar el contenido, en cuyo caso -como víctima- asegura que sí puede invocar dicha ley.

En ese sentido, en caso que el tribunal decida declararla inadmisible, pidió que los antecedentes sean enviados a Fiscalía en calidad de denuncia y al propio Ministerio del Interior como sujeto con derecho a ejercer dichas acciones penales.

No obstante, no se trata de la única acción contra Muñoz tras la publicación del video, pues durante la jornada los parlamentarios de Chile Vamos anunciaron su ofensiva para intentar destituirla de su cargo, para lo cual necesitan primero 1/3 de las firmas de los diputados para impulsar una presentación ante la Corte Suprema.

“(Muñoz) no juzgó bien el producto que se le entregó, porque debió con su conocimiento jurídico haber discernido que esto estaba llamando a todos los niños a métodos de acción de lucha violenta para la obtención de derechos. Eso es sumamente grave. No solamente lo opiné yo, sino que emitió declaraciones la Subsecretaría de la Niñez, que va en el mismo sentido que yo había interpretado. No es algo que se me haya ocurrido en mi cabeza”, aseguró Esquivel en conversación con BioBioChile.

A su parecer, la Defensoría de la Niñez “excedió sus atribuciones. En ninguna parte de la Convención de Derechos del Niño aparece el ejercer acciones de violencia o replicar acciones de violencia como saltarse los torniquetes para ejercer sus derechos”, añadió.

Las frases “delictivas”

En concreto, en su texto acusa que la canción “hace una alusión directa a las evasiones masivas en el Metro por parte de escolares, hito que marcó los días inmediatamente anteriores al estallido social del 18 de octubre de 2019”, en particular cuando dice “Ya se derrumbó toda esa falsa moral / las pancartas lucen la demanda social / siento que
debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz”.

Asimismo, advierte que “la canción hace alusión a la supuesta represión contra el pueblo mapuche y llama en idioma mapudungun a ‘continuar la lucha’, haciendo referencia al conflicto mapuche (…) sin distinguir si la ‘la lucha’ se refiere a las vías
violentas de la CAM y otros grupos insurrectos o al reconocimiento y respeto de su cultura”.

En tanto, también apunta a las frases “ya cayó”, “caminemos junto a la Revolución”, “Creando nuestra propia rebelión”, ya que a su parecer “se adecúa dentro del contexto de desconocer a la autoridad de gobierno, su legitimidad, cual pese a obtener más de 3.800.000 votos el 17 de diciembre de 2017, se ha puesto de facto, vía violencia, en cuestionamiento y consecuentemente al sistema democrático representativo, republicano de Gobierno y al mismísimo Estado de Derecho”.

En ese contexto, solicita que se le otorgue a Muñoz al menos la pena de reclusión o extrañamiento menor, el cual va entre los 541 días a 3 años y un día.