La comisión revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, votará este jueves el mérito jurídico del libelo presentado en contra del secretario de Estado.

Según confirmó a través de Twitter la diputada y presidenta de la instancia, la PPD Loreto Carvajal, la votación quedó fijada para mañana a las 15:00 horas.

La comisión, que es encabezada por Carvajal tras ser elegida presidenta por unanimidad, está integrada por los diputados Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL), Joaquín Lavín (UDI) y Fernando Meza (IND).

Asimismo, la parlamentario aseguró que el próximo martes se realizará la votación en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, desde las 10:00 horas.

Recordemos que en caso que los diputados rechacen la cuestión previa, la Sala debe pronunciarse sobre el fondo del texto acusatorio, aprobando o rechazando la admisibilidad del libelo. En el caso que se apruebe, la AC continuaría su trámite legislativo en el Senado, instancia que finalmente podría definir el futuro del secretario de Estado.

Los dos primeros capítulos de la Acusación, presentada el pasado 8 de octubre, consideran que el ministro del Interior dejó sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, infringiendo el derecho fundamental de igualdad ante la ley, vulnerando de esta forma los Derechos Humanos.

Lo anterior, considerando todo lo ocurrido en el paro de camioneros de septiembre pasado, donde el libelo detalla la desigualdad de trato, especialmente si se consideran las acciones adoptadas por este ministerio contra ciudadanos en el marco de las manifestaciones sociales.

El tercer capítulo lo acusa de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros. En este punto, se hace mención al joven que fue empujado por un miembro de la institución policial desde el puente Pío Nono al río Mapocho.

El trámite de la Acusación Constitucional no ha estado exento de polémicas, especialmente luego que los abogados de Pérez argumentaran que en Estado de Excepción Constitucional las fuerzas policiales no dependerían de su cartera, lo que causó tensiones al interior de La Moneda.