Luego que en noviembre pasado la empresaria Cecilia Karlezi tomara el control de la Clínica Las Condes (CLC), el reconocido hombre de negocios Andrés Navarro dejó la presidencia del centro de salud y su puesto en el directorio.
Su partida no fue una sorpresa, ya que las diferencias entre ambos eran públicamente conocidas, como también los cuestionamientos a su gestión. Y esto porque la compañía presenta en la actualidad pérdidas que superan los $10 mil millones y ha mermado su liderazgo, debido a la competencia por el mercado en el sector alto de Santiago.
Completado el ciclo, Navarro se tomó unos meses y en abril pasado, luego de siete años de ausencia, regresó a la testera de Sonda, la empresa de tecnologías de la información, uno de sus activos más preciados y con fuerte presencia en América Latina.
Todo parecía estar en orden para el ingeniero titulado en la Universidad Católica, ignaciano y uno de los amigos más estrechos de Sebastián Piñera.
Sin embargo, la nueva administración de la Clínica Las Condes inició hace algunos meses una revisión a las operaciones financieras que autorizó. Y lo que hallaron, no les gustó.
A raíz de la auditoría, Navarro enfrenta hoy dos investigaciones precisamente ligadas a las decisiones que adoptó cuando era la primera autoridad del centro asistencial.
La primera de ellas, a raíz de una querella interpuesta en contra del exgerente general de la CLC, Jaime Hagel, por el delito de “administración desleal”, donde Navarro aparece como el principal imputado de una pérdida superior a los $2.800 millones. La razón es simple: Hagel no pudo ejecutar el supuesto ilícito sin la autorización del presidente.
El caso que hoy sustancia el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, podría convertirse en la bestia negra de Navarro, ya que la semana pasada se abrió un nuevo flanco procesal a raíz de la aparición de un e-mail.
El correo fue incluido en el recurso de protección que mantiene enfrentados en la Corte de Apelaciones de Santiago a los médicos de la clínica con los nuevos dueños por el alza en el arriendo de las consultas.
En el escrito, presentado por los abogados del centro de salud, acusan a Navarro de orquestar una “oferta oculta de acciones” en noviembre de 2019, cuando la oferta pública para adquirir papeles que realizó Karlezi estaba en pleno desarrollo.
El supuesto complot económico habría contado con la participación del presidente del Comité Ejecutivo del cuerpo médico, José Giordano Basualto, precisamente el líder de la batalla legal que se ventila en el tribunal de alzada capitalino.
“La inscripción es previa a que cierre la OPA que es a las 17.00 horas del día de hoy (5 de noviembre). Efectivamente la compra por un grupo de accionistas afín al señor Navarro sería, si y solo si, la OPA del grupo Lucec Tres (propiedad de Karlezi) no funciona. Para inscribirlo necesitamos saber el número de acciones que necesita vender, la razón social y rut del dueño de las acciones y dónde están custodiadas”, se lee en la comunicación digital.
Todo indica que los antecedentes serán incluidos en la investigación que tramita el fiscal Sepúlveda, que debiera ampliarse a delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores.
Unidad de investigación
En esa línea, Navarro enfrenta otra indagatoria a raíz de otra denuncia interpuesta por la Clínica Las Condes. Esta vez en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cuya Unidad de Investigación dirige el exfiscal Centro Norte, Luis Montes.
La instancia cuenta con amplias facultades, entre ellas la intervención telefónica, ejecutar allanamientos y alzar el secreto bancario, previa autorización del consejo de la CMF y contar con un dictamen judicial de un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva.
Básicamente, la compañía de salud privada imputa a Navarro de intentar boicotear la Oferta Pública de Acciones (OPA) que hizo Cecilia Karlezi en noviembre de 2019, cuando se encontraba en pleno desarrollo.
Fuentes que conocen del caso indicaron que Montes habría realizado varias diligencias y que Navarro sería interrogado en el corto plazo.
Asimismo, los antecedentes que arroje la investigación de Montes, también podrían ser enviados a la fiscalía.
A fines de la dictadura cívico militar, Andrés Navarro entonces cercano a la Democracia Cristiana, integró el grupo de empresarios por la opción No.
Este medio intentó obtener una versión de los abogados que representan a la Clínica, Marcelo Sanfeliú y Sebastián Oddó, pero se excusaron de hacer comentarios.
