En su primer trámite se encuentra un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca castigar “la ruptura de la paz social”. Puesto en simple, la iniciativa legislativa pretende sancionar a quienes participan de una aglomeración violenta, pese a no ser sorprendidos cometiendo directamente delitos tales como “robo en lugar no habitado, incendio intencional, destrucción de propiedad, agresión a Carabineros, entre otros”.
La idea fue ingresada este martes por el senador Francisco Chauán, quien en buenas cuentas propone una modificación al Código Penal, agregando un artículo nuevo, donde se señale que “el que participare de una multitud en la cual se cometan actos de violencia contra personas o bienes públicos o privados, será condenado con la pena de reclusión menor en su grado medio” (desde 541 días a 3 años y un día).
Aunque agrega una salvedad: “Quedarán exentos de pena quienes se retiraren del lugar donde se congregue la multitud, después de haber sido conminados por la fuerza pública a retirarse, salvo que hayan participado de actos violentos o incitado a su comisión”.
La modificación -asevera Chahuán- “puede solucionar el problema de seguridad pública y al mismo tiempo velar por el respeto a los derechos humanos”.
La idea del parlamentario fue tomada de normas impuestas en Alemania, Austria y Suiza. En estos tres países -asegura el senador en la moción ingresada- las acciones antes señaladas están penadas bajo la figura de Landfriedensbruch, traducido como el quiebre del orden público o ruptura de la paz social.
