Tras darse a conocer el anuncio del Gobierno de presentar un proyecto de ley para regular el derecho de reunión en Chile, el cual ya se encuentra normado en el decreto supremo 1.086 sobre reuniones públicas, las opiniones fueron variadas respecto a esta materia.

En entrevista con el Mercurio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que el debate se enfocará en un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a otros derechos, donde mencionó que una garantía constitucional no es la forma de regular un derecho tan relevante.

El jefe del área jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, pese a valorar esta iniciativa, aseguró que el proyecto de ley llega tarde y advirtió que la normativa debe estar de acuerdo a los estándares internacionales.

“Desde el año 2010 venimos señalando que en Chile tiene que haber una ley que regule el derecho a reunión de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Sin lugar a dudas, es algo que llega atrasado. Nosotros valoramos la disposición de hoy día discutir un proyecto de ley en esta materia, que este derecho no esté regulado a través de una norma infralegal, que es un decreto”, afirmó.

ARCHIVO | Agencia UNO
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Por su parte, el diputado Marcelo Díaz, catalogó como positivo que se legisle sobre esta materia. Sin embargo, advirtió que esta legislación “no sea en ningún caso una restricción a un derecho que ya está reconocido en la Constitución. No podría serlo. Sería anticonstitucional”, subrayó.

Desde una perspectiva negativa, la diputada de Comunes, Claudia Mix, explicó que estos proyectos sólo apuntan a dar sustento legal a estrategias restrictivas de autoridades.

“Cuando lo que se pide es más democracia y garantizar el derecho a manifestarse, reunirse, protestar, el Gobierno busca desarrollar regulaciones en favor de las estrategias del intendente Felipe Guevara y el ministro Gonzalo Blumel. El Gobierno prioriza su agenda de orden público, que sólo se logra cuando las personas sienten que no se vulneran sus derechos”, aseguró.

¿Violaciones sistemáticas?

Otro de los puntos que el secretario de Estado abordó -en entrevista con La Tercera-, fue respecto a las vulneraciones de Derechos Humanos tras el estallido social. Al respecto, Larraín insistió que no se han cometido violaciones sistemáticas de derechos fundamentales en Chile.

No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Matías Walker (DC), aseguró la existencia de vulneraciones de derechos humanos de forma generalizada y acusó que lo que ha “querido es debilitar el sistema interamericano de DDHH”.

Mientras tanto, la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, detalló que cada hecho debe ser denunciado e investigado. “Cada una de las denuncias que han existido, ha sido presentada los tribunales”, dijo.

Cogobernar v/s imponer

Por otra parte, Larraín también repasó a sus detractores: “La oposición no tiene conciencia de que ellos no están en el Gobierno. Si bien ha habido muchos conflictos, entremedio un 18 de octubre y una alta desaprobación a la gestión del gobierno, aquí hay una democracia que eligió a Sebastián Piñera Presidente de la República, con una inmensa mayoría, y el que lleva la iniciativa en estos cuatro años es el Gobierno. La oposición no puede pretender cogobernar y el Gobierno tampoco puede imponer todo su punto de vista a la oposición”, aseguró.

Por esa razón, Walker arremetió de vuelta y le advirtió que “nadie en la oposición pretende cogobernar con un Gobierno que ha sido un fracaso”.

Con todo, se espera que durante el primer semestre de 2020 el gobierno envíe el proyecto de ley al Congreso y regularizar el derecho a reunión en Chile.