El asesor del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, descartó que hayan ocurrido violaciones a los derechos humanos durante las últimas semanas y sostuvo que para entender lo que ha sucedido, hay que comprender un contexto de “disturbios y violencia sin parangón y no sólo manifestaciones pacíficas”.

Estos dichos se realizaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante esta jornada realizó una audiencia de oficio en la ciudad de Quito, en Ecuador, para revisar la situación de derechos humanos bajo el contexto de las protestas de las últimas semanas en el país.

La sesión comenzó con diversas organizaciones de la sociedad civil ante un panel dirigido por la presidenta de la entidad. También estuvieron representados el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados del Poder Judicial.

Estas instituciones acusaron violaciones a los derechos básicos de las personas, incluyendo casos de tortura física y sicológica a mano de agentes del Estado, apremios ilegítimos, muertes por el actuar policial y violencia sexual.

Entre otras cosas, la CIDH cuestionó las cifras entregadas por Chile, donde en algunos casos era mayor la cantidad de policías heridos que civiles, pese a que ellos tienen el monopolio de la fuerza.

“Mi reconocimiento a los estudiantes de Chile, porque sé que han abanderado causas nobles”, expresó en su alocución Esmeralda Troitiño, relatora de los Derechos de la Niñez de la CIDH.

Observación por casos de violación de DDHH

Bajo este mismo contexto, este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que invitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.

Según lo señalado por el ministro, han estado en conversación permanente con la CIDH, quienes les plantearon una serie de preguntas e interrogantes el pasado lunes 4 de noviembre, las que fueron despachadas en “comunicación completa”.

En esa línea, la autoridad aprovechó de explicar que a las audiencias públicas del Periodo de Sesiones de la CIDH, asistirán tres o cuatro personas, provenientes de la Cancillería, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ministerio del Interior.