Este martes se conformó la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Tras el sorteo, quedó conformada por los diputados de Renovación Nacional Hugo Rey y Catalina del Real, los UDI Pedro Álvarez-Salamanca y Celso Morales, y la parlamentaria de Revolución Democrática, Maite Orsini. Es decir, cuatro oficialistas y una opositora.
La comisión no estará encargada de dirimir en cuanto al resultado de la acusación constitucional, sino de estudiar los antecedentes de ésta, junto con la defensa de la secretaria de Estado. Para ello, Cubillos quedará con arraigo nacional y tendrá 10 días hábiles para presentar sus descargos.
Tras esto, la comisión presentará un informe a la sala de la Cámara, donde el libelo deberá votarse, requiriéndose 78 votos para ser aprobado.
Una acusación con 5 capítulos
El libelo, que constará de 5 capítulos, alude a supuestas infracciones cometidas por la secretaria de Estado a la Constitución, además de faltas a la ejecución de leyes, principalmente, aquellas que componen la reforma educacional aprobada en el gobierno anterior.
Otro de los capítulos que conforman la acusación constitucional, es una eventual vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad, respecto de la información que entregó la secretaria de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), en medio de la campaña comunicacional del Gobierno por el fracasado proyecto de Admisión Justa.
Tras el sorteo, el diputado socialista Juan Santana llamó a la imparcialidad a los parlamentarios que conforman la comisión, pidiendo que se analice el libelo en su mérito.
Por su parte, la parlamentaria oficialista Catalina del Real indicó que tienen que darse las garantías de que se respetará el debido proceso, y comprometió imparcialidad, reconociendo “tintes políticos” respecto de quienes presentaron la acusación constitucional.
La discusión previa
El diputado socialista Leonardo Soto se mostró confiado en que la oposición tendrá los votos para aprobar el libelo y pasar al Senado, poniendo en duda la libertad de enseñanza que la ministra Cubillos ha dicho defender, debido al apoyo que la secretaria de Estado hizo de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Ella habla de que se la censura por pensar distinto, ella cree en la libertad. Sabemos que su historia la contradice: ella participó en la campaña del Sí para la reelección del dictador, entonces los chilenos pensamos sobre la libertad algo distinto de lo que cree la actual ministra”, dijo.
Desde el Gobierno, en tanto, han insistido en desacreditar la acusación constitucional aduciendo que carece de fundamentos jurídicos y que sólo tiene por objeto censurar a la jefa del Mineduc.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, incluso aseguró que serían los propios diputados que apoyan el libelo quienes estarían faltando a su deberes constitucionales por usar la acusación, pese a ser un herramienta de exclusiva competencia de los legisladores.
“Es muy grave cuando las instituciones y, en este caso, un sector de la Cámara deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución. Es muy grave porque se debilita el funcionamiento de la democracia”, sostuvo.
Cubillos se defiende
La ministra de Educación, por su parte, ha defendido que los hechos imputados en la acusación son falsos y que no tienen fundamento jurídico, diciendo esperar que los diputados analicen la acusación en su mérito constitucional y jurídico.
Sobre el uso de una base de datos de apoderados de colegios por parte de la ministra para hacerles llegar información política, la secretaria de estado aseguró que los apoderados valoran tener más información al respecto y que los órganos competentes del Estado avalaron el actuar del Ministerio.
Además, señaló que es válido que existan diferencias políticas en democracia, criticando que -a su parecer- se han querido instalar como infracciones a la Constitución, haciendo alusión a uno de los capítulos que agregó el Frente Amplio, sobre el no pago de la mención a las educadoras de párvulo y diferencial, señalando que es una ley del 2006 la que las excluyó.
