Este martes, la Sala de la Cámara de Diputados tomará conocimiento de los cinco capítulos que componen la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para posteriormente notificar a la secretaria de Estado, quien quedará con arraigo nacional.
Sin embargo, ya conocidos los argumentos jurídicos que sustentan el libelo, la tarea en la oposición quedó enfocada en convencer a aquellos diputados que no están del todo cuadrados con la acusación, principalmente de la Democracia Cristiana.
El diputado socialista Leonardo Soto se mostró confiado en que la oposición tendrá los 78 votos para aprobar el libelo y pasar al Senado, poniendo en duda la libertad de enseñanza que la ministra Cubillos ha dicho defender, debido al apoyo que la secretaria de Estado hizo de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Ella habla de que se la censura por pensar distinto, ella cree en la libertad. Sabemos que su historia la contradice: ella participó en la campaña del Sí para la reelección del dictador, entonces los chilenos pensamos sobre la libertad algo distinto de lo que cree la actual ministra”, dijo.
Desde el Gobierno, en tanto, han insistido en desacreditar la acusación constitucional aduciendo que carece de fundamentos jurídicos y que sólo tiene por objeto censurar a la jefa del Mineduc.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, incluso aseguró que serían los propios diputados que apoyan el libelo quienes estarían faltando a su deberes constitucionales por usar la acusación, pese a ser un herramienta de exclusiva competencia de los legisladores.
“Es muy grave cuando las instituciones y, en este caso, un sector de la Cámara deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución. Es muy grave porque se debilita el funcionamiento de la democracia”, dijo.
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) defendió la facultad que tienen los parlamentarios para hacer uso de la acusación constitucional, poniendo el acento en los argumentos más que en el uso o no del mecanismo.
Una vez notificada Cubillos por la secretaría general de la Corporación, comenzarán a correr los diez días para que ella presente sus descargos ante la comisión revisora de forma personal, por medio de un abogado o por escrito, instancia que deberá emitir un informe a la Sala, donde se votará la admisibilidad de la acusación presumiblemente la primera semana de octubre.
