Si no fuera por Estados Unidos, nadie en Chile se habría percatado de las cuentas ocultas de Augusto Pinochet. El caso se destapó en 2004. Inicialmente se hablaba de 20 millones de dólares. Incluso, en 2009, un reportaje británico señaló hasta 1.600 millones de la divisa estadounidense. Pero en nuestro país sólo partieron por congelar 6 millones de dólares que tenía en el Banco de Chile. Al final del proceso penal, en 2018, la Corte Suprema ordenó el comiso de 1,6 millones de dólares. Ahora, por la vía civil, el CDE lucha por recuperar 17 millones de dólares en bienes obtenidos ilícitamente por el dictador. Y el SII va a la caza de los impuestos respectivos.
Fue un hallazgo casual. Tras el ataque a las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos comenzó a seguir rastros de financiamiento al terrorismo internacional. Los primeros indicios apuntaron a algunos movimientos sospechosos en el Banco Riggs, en ese entonces uno de los más prestigiosos de Washington.
Así fue como el 14 de julio de 2004 salieron a la luz 125 cuentas secretas que el dictador Augusto Pinochet tenía desde 1994 en dicha entidad financiera.
En la investigación preliminar se estimó una fortuna que sobrepasa los 20 millones de dólares. A ello se sumaron investigaciones de prensa en Chile, que adicionalmente revelaron que el Riggs habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel, en las Islas Bahamas, usando pasaportes falsos y una identidad oculta recurrente: Daniel López.
Acto seguido, el Consejo de Defensa del Estado, encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales, entabló una querella contra Augusto Pinochet el 21 de julio de 2004.
Paralelamente, el 3 de septiembre, una investigación interna del Banco Riggs descubrió que familiares y cercanos a Pinochet movieron grandes sumas de dinero a otros bancos de EEUU.
Frente a dicho escenario, la causa quedó en manos del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, quien el 6 de septiembre de 2004, exactamente hace 15 años, decidió congelar y tomar control de las cuentas que tenía Augusto Pinochet en el Banco de Chile, con cifras cercanas a los seis millones de dólares.
En tanto, en 2009, un artículo del diario británico The Independent fue más allá y apuntó a una fortuna adicional de 1.600 millones de dólares repartida en territorios de ultramar del Reino Unido, en los que estaban bancos de Gibraltar, Caimán y la excolonia de Hong Kong, de acuerdo a un informe inédito de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, que explicaba su origen en el tráfico de armas y drogas. Aunque esos fondos nunca fueron parte de la indagatoria.
Sin embargo, de todos modos, tras abrirse la investigación, todo fue cuesta abajo para los Pinochet. El 6 de enero de 2005, por orden judicial, se llevó a cabo el registro de la oficina de Augusto Pinochet. El 14 de abril, el juez Muñoz ordenó la detención de Mónica Ananías, antigua secretaria de Augusto Pinochet, y de Óscar Aitken, su albacea.
Al mismo tiempo solicitó el desafuero de Pinochet, trámite necesario para poder juzgar al dictador, que tenía fuero a raíz de su calidad de expresidente de la República. La jugada tuvo éxito el 7 de junio de 2005: Pinochet fue desaforado por fraude fiscal, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y eludir medidas cautelares sobre sus bienes.
Dos meses más tarde, en agosto, la indagatoria fue contra su familia: su esposa Lucía Hiriart y el hijo menor Marco Antonio Pinochet, fueron procesados como cómplices de fraude tributario.
En medio de ello, el Poder Judicial cambió al juez. Muñoz, a partir de septiembre de 2005, pasó a integrar el pleno de la Corte Suprema. En su reemplazo, un mes más tarde, fue designado el juez Carlos Cerda, que en sus primeras diligencias interrogó al dictador el 8 y 10 de noviembre de 2005.
Acto seguido, gracias al desafuero que logró su antecesor, procesó a Pinochet por evasión tributaria, falsificación de pasaportes e instrumento público, y omisión de bienes en declaración jurada.
Poco a poco el caso se fue aguidizando. En diciembre de 2005, la Corte de Apelaciones aprobó un nuevo desafuero, esta vez por malversación de fondos públicos. Al mes siguiente, en enero de 2006, su esposa Lucia Hiriart, cuatro de sus cinco hijos y una nuera fueron procesados e incluso quedaron brevemente bajo arresto por presunta evasión tributaria.
Ya en agosto de ese año, la Corte Suprema ratificó el desafuero de Pinochet por utilización de fondos reservados en beneficio propio por 2 millones de dólares. Así ya se hacía inevitable que Pinochet fuera juzgado y encarcelado por su enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito. Ya no estaba protegido por el fuero. La causa avanzaba a paso firme.
Ofensiva contra Cerda
Pero ese mismo mes, el 26 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por tercera vez paralizar la tramitación de la causa, luego que el defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, presentara un recurso de implicancia contra Cerda.
En el requerimiento cuestionaba la falta de imparcialidad del juez a raíz de un fallo, en 2005, antes que se hiciera cargo de la causa, en el que señaló que el dictador estaba en condiciones mentales de enfrentar un proceso por violaciones a los DDHH en Río Negro. Con ello intentaba removerlo de la causa acusando parcialidad.
No obstante, ese no fue el primer intento. Antes, la defensa ya había probado con una recusación contra Cerda, que lo tuvo alejado de la indagatoria entre febrero y abril de 2006.
Lo mismo hicieron con Muñoz cuando estaba a cargo de la investigación, mediante el mismo mecanismo, lo que lo mantuvo fuera del caso algunos meses e impidió que realizara cualquier actuación.
Dichas acciones no fueron de extrañar. Debido a su polémico historial, el nombramiento de Cerda inmediatamente generó suspicacias. A mediados de los 80, en plena dictadura militar, procesó a 50 de militares activos y en reserva por la desaparición de diez militantes comunistas en la Cuesta Barriga. En ese momento, a contramano de lo que se hacía en ese entonces, desestimó recurrir a la Ley de Amnistía para dejarlos libres.
Aunque la jugada no tuvo frutos y la Corte Suprema repuso la Ley de Amnistía. Peor aún, tuvo que pedir perdón para que no lo expulsaran y fue suspendido cuatro meses.
Rodríguez volvió a intentarlo en septiembre de 2007. Pero Cerda rechazó la moción. El abogado defensor de Pinochet desistió de apelar y así permitió a Cerda retomar la causa el 1 de octubre de 2007.
El golpe de timón
Y si bien Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 y, debido a ello, fue sobreseído de la causa, el 4 de octubre Cerda volvió con todo y mandató una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia y colaboradores del dictador.
Entre ellos, Lucía Hiriart (viuda); sus hijos Marco Antonio Pinochet, Jacqueline Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, Lucía Pinochet y Verónica Pinochet; Patricio Madariaga (primo); sus secretarios privados Gabriel Vergara y Juan Ricardo Mac-Lean; y Óscar Aitken (albacea).
También fue contra Guillermo Garín (general retirado), Jorge Ballerino (general retirado), Mortimer Jofré (coronel activo), Juan Romero (exauditor del Ejército), Gustavo Collao (abogado), Sergio Moreno, Ramón Castro Ivanovic, Eugenio Castillo, Guillermo Letelier Skinner, Mónica Ananías, Ambrosio Rodríguez, José Hernán Sobarzo (contador) y Jaime Lepe.
Todos fueron detenidos, excepto Aitken, que no pudo ser localizado esa jornada. Los sometió a proceso por malversación de caudales públicos bajo el arguemento de que era imposible que ellos -la familia sobre todo- no estuviera al tanto del origen ilícito de la fortuna de Pinochet. Fueron arrestados, pero liberados provisionalmente un día después.
“Hay presunciones fundadas en el sentido que a esas personas que son parientes de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que en paz descanse, han debido participar en ese delito”, señaló en el fallo, en el que también hizo hincapié en que habían 20 millones de dólares en cuyo origen “no encuentra justificación razonable”.
Tras hacer un extenso cálculo de los ingresos y egresos del ex comandante en jefe del Ejército entre 1973 y 2003, aseguró que “todo hace presumir que (el origen de ese dinero) se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”. Sin embargo, a la larga su ofensiva no fue suficiente.
La caída de Cerda
A fines de ese mismo mes, su activismo en favor de los Derechos Humanos le jugó una mala pasada. La Corte Suprema inició un proceso disciplinario contra Cerda por sus declaraciones en Estados Unidos tras recibir el premio de la Fundación Peter y Patricia Gruber por su labor pro DDHH: recibió el reconocimiento público y 167.000 dólares.
Allí aprovechó de apuntar contra la justicia chilena tras los procesamientos que dictaminó contra la familia Pinochet, y remarcó que la Sala Penal de la Corte Suprema “ha puesto el derecho chileno al día” y que a las otras salas “les falta mucho”.
El abogado Luis Valentín Ferrada, representante de tres militares en retiro procesados por el juez Cerda, salió a criticar sus dichos y fustigó “todas las circunstancias que han rodeado su viaje a Estados Unidos, el otorgamiento del premio y luego la recepción del mismo, (las que) hacen que esta actuación sea muy extraña a lo que son los principios de los jueces en Chile, a la tradición de los jueces en Chile”.
Con todo, la Suprema decidió imponer a Cerda una amonestación privada por considerar que sus dichos, en los que hacía referencia a algunas salas de la Corte Suprema, vulneraban lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, en referencia a que los jueces y ministros no pueden comentar o criticar a sus superiores.
Y un año más tarde, en octubre de 2008, el juez acabó siendo reemplazado por Manuel Valderrama. Tampoco triunfó en su apuesta por responsabilizar a la familia por la obtención ilícita de los fondos que ejecutó Pinochet, pues terminaron prosperando los recursos de amparo de la defensa ante la Corte Suprema.
De 20 a 1,6 millones de dólares
Desde entonces, el fallo de primera instancia recién llegó en 2013. Entre esos cinco años, el trámite de la causa fue lento.
Paralelamente, se desarrollaron otros hitos: en noviembre de 2008, la jueza del Crimen de Santiago acusó a Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo menor de Pinochet, y dos antiguos colaboradores del dictador de delitos tributarios.
En tanto, el 13 marzo de 2009, Chile demandó a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a cuatro bancos de Miami por el presunto ocultamiento de la fortuna de Pinochet.
En noviembre, el juez español Baltasar Garzón imputó a la viuda de Pinochet y a su abogado, Oscar Aitken, por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, en su intento para indagar desde ese país a familiares y colaboradores de Pinochet.
Sin embargo, en abril de 2010, la Corte Suprema chilena rechazó el exhorto enviado por Garzón para concretar sus intenciones.
Y recién en abril de 2011 el juez Valderrama volvió a mover la causa principal cuando ordenó analizar varios documentos bancarios de Pinochet enviados desde Londres. En tanto, la caída de la tesis de la responsabilidad de los familiares abrió la puerta a la apertura del último testamento de Pinochet, en abril de 2012, a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Aunque el documento, elaborado en 2005, sólo contenía una petición del exgobernante de facto para cambiar al albacea y no cambió demasiado el escenario.
En agosto de 2013 se comenzó a cerrar la primera etapa. Valderrama cerró la investigación y condenó a 6 de los 23 originalmente procesados: los generales en retiro Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, y los coroneles retirados, Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara. Ningún miembro de la familia Pinochet. En tanto, el 7 de mayo de 2014 se dictó sentencia contra los seis procesados por malversación de fondos por un total de 6 millones de dólares.
Sin embargo, el caso tuvo un vuelco ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El 19 de junio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir a la familia Pinochet los más de 6 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades del fallecido general en retiro, que se encontraban embargadas a raíz del dictamen dictado por Valderrama.
Además, la tercera sala del tribunal de alzada revocó la condena que había dictado Valderrama contra los 6 altos oficiales en retiro del Ejército apuntados como autores de malversación de caudales públicos. ¿Por qué? La sentencia determinó que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos por parte de los exmilitares, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, el 22 de junio de 2018 la segunda sala de la Corte Suprema emitió el fallo definitivo que finalmente condenó a 4 años de presidio con libertad vigilada a 3 de los 6 exmilitares condenados en 2014: los coroneles (r) Gabriel Vergara, Juan Ricardo Mac-Lean y Eugenio Castillo. Los dos últimos además fueron condenados a una multa de 11 UTM. Y de los seis millones de dólares iniciales, la Corte determinó el comiso de un total de 1,6 millones de dólares propiedad de Pinochet o de sus sociedades, de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.
Aunque, tras el cierre del caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) siguen hasta la actualidad -pero por separado- sus intentos por recuperar el dinero.
SII v/s CDE
En concreto, el CDE siguió en base a una estrategia similar a la de Cerda. Pero esta vez ante la justicia civil. El fallo final -en la arista penal- determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a US$21,3 millones, de los cuales US$17,8 millones tenían un origen ilícito.
Y si bien el dinero debía ser restituido a la viuda del exdictador Lucía Hiriart –de 95 años- y a sus cinco hijos, incluyendo una veintena de propiedades, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago -en octubre de 2018- ordenó retener los US$17 millones de dólares que debían pasar a sus herederos.
De acuerdo a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, si bien no se acreditó que los herederos hubieren tenido participación en los ilícitos, la petición se fundó en que “son los destinatarios de un enorme provecho económico, fruto de una conducta delictual plenamente acreditada”.
Se trata de un enfoque similar al que el CDE usó contra los herederos de Mario Silva Leiva, alias Cabro Carrera, conocido como el mayor narcotraficante de la historia de Chile, luego que su familia aceptara recibir la fortuna de conocido origen ilícito.
Por su parte, el SII también elucubró su propia jugada: fue ante la justicia para pedir los tributos pendientes que ha generado la fortuna de Pinochet, congelada durante todos estos años, que no han sido pagados a raíz de aquella orden judicial emanada por el juez Muñoz en 2004.
Prospere o no la acción del CDE, el SII irá por los impustos respectivos. Si funciona, probablemente sea Hacienda quien determine de qué forma sean distribuidos los montos en el erario público.
Lo cierto es que si Pinochet hubiera estado vivo al momento del fallo definitivo de la Corte Suprema respecto a la arista penal, el dictador habría tenido que cumplir una pena de cárcel por malversación de fondos públicos.
