Nacional
Viernes 06 septiembre de 2019 | Publicado a las 17:30 · Actualizado a las 08:21
A 15 a√Īos del Caso Riggs y el accidente que destap√≥ la oscura fortuna de Pinochet
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Si no fuera por Estados Unidos, nadie en Chile se habr√≠a percatado de las cuentas ocultas de Augusto Pinochet. El caso se destap√≥ en 2004. Inicialmente se hablaba de 20 millones de d√≥lares. Incluso, en 2009, un reportaje brit√°nico se√Īal√≥ hasta 1.600 millones de la divisa estadounidense. Pero en nuestro pa√≠s s√≥lo partieron por congelar 6 millones de d√≥lares que ten√≠a en el Banco de Chile. Al final del proceso penal, en 2018, la Corte Suprema orden√≥ el comiso de 1,6 millones de d√≥lares. Ahora, por la v√≠a civil, el CDE lucha por recuperar 17 millones de d√≥lares en bienes obtenidos il√≠citamente por el dictador. Y el SII va a la caza de los impuestos respectivos.

Fue un hallazgo casual. Tras el ataque a las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos comenzó a seguir rastros de financiamiento al terrorismo internacional. Los primeros indicios apuntaron a algunos movimientos sospechosos en el Banco Riggs, en ese entonces uno de los más prestigiosos de Washington.

Así fue como el 14 de julio de 2004 salieron a la luz 125 cuentas secretas que el dictador Augusto Pinochet tenía desde 1994 en dicha entidad financiera.

En la investigación preliminar se estimó una fortuna que sobrepasa los 20 millones de dólares. A ello se sumaron investigaciones de prensa en Chile, que adicionalmente revelaron que el Riggs habría ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel, en las Islas Bahamas, usando pasaportes falsos y una identidad oculta recurrente: Daniel López.

Acto seguido, el Consejo de Defensa del Estado, encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales, entabló una querella contra Augusto Pinochet el 21 de julio de 2004.

Paralelamente, el 3 de septiembre, una investigación interna del Banco Riggs descubrió que familiares y cercanos a Pinochet movieron grandes sumas de dinero a otros bancos de EEUU.

Frente a dicho escenario, la causa qued√≥ en manos del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Mu√Īoz, quien el 6 de septiembre de 2004, exactamente hace 15 a√Īos, decidi√≥ congelar y tomar control de las cuentas que ten√≠a Augusto Pinochet en el Banco de Chile, con cifras cercanas a los seis millones de d√≥lares.

En tanto, en 2009, un artículo del diario británico The Independent fue más allá y apuntó a una fortuna adicional de 1.600 millones de dólares repartida en territorios de ultramar del Reino Unido, en los que estaban bancos de Gibraltar, Caimán y la excolonia de Hong Kong, de acuerdo a un informe inédito de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, que explicaba su origen en el tráfico de armas y drogas. Aunque esos fondos nunca fueron parte de la indagatoria.

Pasaportes falsos de Pinochet
Pasaportes falsos de Pinochet

Sin embargo, de todos modos, tras abrirse la investigaci√≥n, todo fue cuesta abajo para los Pinochet. El 6 de enero de 2005, por orden judicial, se llev√≥ a cabo el registro de la oficina de Augusto Pinochet. El 14 de abril, el juez Mu√Īoz orden√≥ la detenci√≥n de M√≥nica Anan√≠as, antigua secretaria de Augusto Pinochet, y de √ďscar Aitken, su albacea.

Al mismo tiempo solicit√≥ el desafuero de Pinochet, tr√°mite necesario para poder juzgar al dictador, que ten√≠a fuero a ra√≠z de su calidad de expresidente de la Rep√ļblica. La jugada tuvo √©xito el 7 de junio de 2005: Pinochet fue desaforado por fraude fiscal, uso de pasaportes falsos, declaraci√≥n jurada de bienes falsa y eludir medidas cautelares sobre sus bienes.

Dos meses más tarde, en agosto, la indagatoria fue contra su familia: su esposa Lucía Hiriart y el hijo menor Marco Antonio Pinochet, fueron procesados como cómplices de fraude tributario.

En medio de ello, el Poder Judicial cambi√≥ al juez. Mu√Īoz, a partir de septiembre de 2005, pas√≥ a integrar el pleno de la Corte Suprema. En su reemplazo, un mes m√°s tarde, fue designado el juez Carlos Cerda, que en sus primeras diligencias interrog√≥ al dictador el 8 y 10 de noviembre de 2005.

Acto seguido, gracias al desafuero que logr√≥ su antecesor, proces√≥ a Pinochet por evasi√≥n tributaria, falsificaci√≥n de pasaportes e instrumento p√ļblico, y omisi√≥n de bienes en declaraci√≥n jurada.

Poco a poco el caso se fue aguidizando. En diciembre de 2005, la Corte de Apelaciones aprob√≥ un nuevo desafuero, esta vez por malversaci√≥n de fondos p√ļblicos. Al mes siguiente, en enero de 2006, su esposa Lucia Hiriart, cuatro de sus cinco hijos y una nuera fueron procesados e incluso quedaron brevemente bajo arresto por presunta evasi√≥n tributaria.

Ya en agosto de ese a√Īo, la Corte Suprema ratific√≥ el desafuero de Pinochet por utilizaci√≥n de fondos reservados en beneficio propio por 2 millones de d√≥lares. As√≠ ya se hac√≠a inevitable que Pinochet fuera juzgado y encarcelado por su enriquecimiento il√≠cito o cualquier otro delito. Ya no estaba protegido por el fuero. La causa avanzaba a paso firme.

Ofensiva contra Cerda

Pero ese mismo mes, el 26 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por tercera vez paralizar la tramitación de la causa, luego que el defensor de Pinochet, Pablo Rodríguez, presentara un recurso de implicancia contra Cerda.

En el requerimiento cuestionaba la falta de imparcialidad del juez a ra√≠z de un fallo, en 2005, antes que se hiciera cargo de la causa, en el que se√Īal√≥ que el dictador estaba en condiciones mentales de enfrentar un proceso por violaciones a los DDHH en R√≠o Negro. Con ello intentaba removerlo de la causa acusando parcialidad.

No obstante, ese no fue el primer intento. Antes, la defensa ya había probado con una recusación contra Cerda, que lo tuvo alejado de la indagatoria entre febrero y abril de 2006.

Lo mismo hicieron con Mu√Īoz cuando estaba a cargo de la investigaci√≥n, mediante el mismo mecanismo, lo que lo mantuvo fuera del caso algunos meses e impidi√≥ que realizara cualquier actuaci√≥n.

Dichas acciones no fueron de extra√Īar. Debido a su pol√©mico historial, el nombramiento de Cerda inmediatamente gener√≥ suspicacias. A mediados de los 80, en plena dictadura militar, proces√≥ a 50 de militares activos y en reserva por la desaparici√≥n de diez militantes comunistas en la Cuesta Barriga. En ese momento, a contramano de lo que se hac√≠a en ese entonces, desestim√≥ recurrir a la Ley de Amnist√≠a para dejarlos libres.

Aunque la jugada no tuvo frutos y la Corte Suprema repuso la Ley de Amnist√≠a. Peor a√ļn, tuvo que pedir perd√≥n para que no lo expulsaran y fue suspendido cuatro meses.

Rodríguez volvió a intentarlo en septiembre de 2007. Pero Cerda rechazó la moción. El abogado defensor de Pinochet desistió de apelar y así permitió a Cerda retomar la causa el 1 de octubre de 2007.

El golpe de timón

Y si bien Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 y, debido a ello, fue sobreseído de la causa, el 4 de octubre Cerda volvió con todo y mandató una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia y colaboradores del dictador.

Entre ellos, Luc√≠a Hiriart (viuda); sus hijos Marco Antonio Pinochet, Jacqueline Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, Luc√≠a Pinochet y Ver√≥nica Pinochet; Patricio Madariaga (primo); sus secretarios privados Gabriel Vergara y Juan Ricardo Mac-Lean; y √ďscar Aitken (albacea).

También fue contra Guillermo Garín (general retirado), Jorge Ballerino (general retirado), Mortimer Jofré (coronel activo), Juan Romero (exauditor del Ejército), Gustavo Collao (abogado), Sergio Moreno, Ramón Castro Ivanovic, Eugenio Castillo, Guillermo Letelier Skinner, Mónica Ananías, Ambrosio Rodríguez, José Hernán Sobarzo (contador) y Jaime Lepe.

Todos fueron detenidos, excepto Aitken, que no pudo ser localizado esa jornada. Los someti√≥ a proceso por malversaci√≥n de caudales p√ļblicos bajo el arguemento de que era imposible que ellos -la familia sobre todo- no estuviera al tanto del origen il√≠cito de la fortuna de Pinochet. Fueron arrestados, pero liberados provisionalmente un d√≠a despu√©s.

“Hay presunciones fundadas en el sentido que a esas personas que son parientes de Augusto Jos√© Ram√≥n Pinochet Ugarte, que en paz descanse, han debido participar en ese delito”, se√Īal√≥ en el fallo, en el que tambi√©n hizo hincapi√© en que hab√≠an 20 millones de d√≥lares en cuyo origen “no encuentra justificaci√≥n razonable”.

Tras hacer un extenso c√°lculo de los ingresos y egresos del ex comandante en jefe del Ej√©rcito entre 1973 y 2003, asegur√≥ que “todo hace presumir que (el origen de ese dinero) se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la Rep√ļblica, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ej√©rcito de Chile”. Sin embargo, a la larga su ofensiva no fue suficiente.

La caída de Cerda

A fines de ese mismo mes, su activismo en favor de los Derechos Humanos le jug√≥ una mala pasada. La Corte Suprema inici√≥ un proceso disciplinario contra Cerda por sus declaraciones en Estados Unidos tras recibir el premio de la Fundaci√≥n Peter y Patricia Gruber por su labor pro DDHH: recibi√≥ el reconocimiento p√ļblico y 167.000 d√≥lares.

All√≠ aprovech√≥ de apuntar contra la justicia chilena tras los procesamientos que dictamin√≥ contra la familia Pinochet, y remarc√≥ que la Sala Penal de la Corte Suprema “ha puesto el derecho chileno al d√≠a” y que a las otras salas “les falta mucho”.‚Äč

El abogado Luis Valent√≠n Ferrada, representante de tres militares en retiro procesados por el juez Cerda, sali√≥ a criticar sus dichos y fustig√≥ “todas las circunstancias que han rodeado su viaje a Estados Unidos, el otorgamiento del premio y luego la recepci√≥n del mismo, (las que) hacen que esta actuaci√≥n sea muy extra√Īa a lo que son los principios de los jueces en Chile, a la tradici√≥n de los jueces en Chile”. ‚Äč

ARCHIVO | Agencia UNO
ARCHIVO | Agencia UNO

Con todo, la Suprema decidi√≥ imponer a Cerda una amonestaci√≥n privada por considerar que sus dichos, en los que hac√≠a referencia a algunas salas de la Corte Suprema, vulneraban lo establecido en el C√≥digo Org√°nico de Tribunales, en referencia a que los jueces y ministros no pueden comentar o criticar a sus superiores.‚Äč

Y un a√Īo m√°s tarde, en octubre de 2008, el juez acab√≥ siendo reemplazado por Manuel Valderrama. Tampoco triunf√≥ en su apuesta por responsabilizar a la familia por la obtenci√≥n il√≠cita de los fondos que ejecut√≥ Pinochet, pues terminaron prosperando los recursos de amparo de la defensa ante la Corte Suprema.

De 20 a 1,6 millones de dólares

Desde entonces, el fallo de primera instancia reci√©n lleg√≥ en 2013. Entre esos cinco a√Īos, el tr√°mite de la causa fue lento.

Paralelamente, se desarrollaron otros hitos: en noviembre de 2008, la jueza del Crimen de Santiago acusó a Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo menor de Pinochet, y dos antiguos colaboradores del dictador de delitos tributarios.

En tanto, el 13 marzo de 2009, Chile demandó a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a cuatro bancos de Miami por el presunto ocultamiento de la fortuna de Pinochet.

En noviembre, el juez espa√Īol Baltasar Garz√≥n imput√≥ a la viuda de Pinochet y a su abogado, Oscar Aitken, por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, en su intento para indagar desde ese pa√≠s a familiares y colaboradores de Pinochet.

Sin embargo, en abril de 2010, la Corte Suprema chilena rechazó el exhorto enviado por Garzón para concretar sus intenciones.

Y reci√©n en abril de 2011 el juez Valderrama volvi√≥ a mover la causa principal cuando orden√≥ analizar varios documentos bancarios de Pinochet enviados desde Londres. En tanto, la ca√≠da de la tesis de la responsabilidad de los familiares abri√≥ la puerta a la apertura del √ļltimo testamento de Pinochet, en abril de 2012, a petici√≥n del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Aunque el documento, elaborado en 2005, s√≥lo conten√≠a una petici√≥n del exgobernante de facto para cambiar al albacea y no cambi√≥ demasiado el escenario.

Cris Bouroncle | Agence France-Presse
Cris Bouroncle | Agence France-Presse

En agosto de 2013 se comenz√≥ a cerrar la primera etapa. Valderrama cerr√≥ la investigaci√≥n y conden√≥ a 6 de los 23 originalmente procesados: los generales en retiro Jorge Ballerino, Ram√≥n Castro y Sergio Moreno, y los coroneles retirados, Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara. Ning√ļn miembro de la familia Pinochet.‚Äč En tanto, el 7 de mayo de 2014 se dict√≥ sentencia contra los seis procesados por malversaci√≥n de fondos por un total de 6 millones de d√≥lares.

Sin embargo, el caso tuvo un vuelco ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El 19 de junio de 2017 la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ordenó restituir a la familia Pinochet los más de 6 millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades del fallecido general en retiro, que se encontraban embargadas a raíz del dictamen dictado por Valderrama.

Adem√°s, la tercera sala del tribunal de alzada revoc√≥ la condena que hab√≠a dictado Valderrama contra los 6 altos oficiales en retiro del Ej√©rcito apuntados como autores de malversaci√≥n de caudales p√ļblicos. ¬ŅPor qu√©? La sentencia determin√≥ que no existi√≥ un delito continuado de malversaci√≥n de caudales p√ļblicos por parte de los exmilitares, desde 1981 hasta 2004, por lo que debe operar la prescripci√≥n de la acci√≥n penal.

Sin embargo, el 22 de junio de 2018 la segunda sala de la Corte Suprema emiti√≥ el fallo definitivo que finalmente conden√≥ a 4 a√Īos de presidio con libertad vigilada a 3 de los 6 exmilitares condenados en 2014: los coroneles (r) Gabriel Vergara, Juan Ricardo Mac-Lean y Eugenio Castillo. Los dos √ļltimos adem√°s fueron condenados a una multa de 11 UTM. Y de los seis millones de d√≥lares iniciales, la Corte determin√≥ el comiso de un total de 1,6 millones de d√≥lares propiedad de Pinochet o de sus sociedades, de los que se comprob√≥ su origen il√≠cito y que escaparon a los plazos de prescripci√≥n.‚Äč

Aunque, tras el cierre del caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) siguen hasta la actualidad -pero por separado- sus intentos por recuperar el dinero.

SII v/s CDE

En concreto, el CDE siguió en base a una estrategia similar a la de Cerda. Pero esta vez ante la justicia civil. El fallo final -en la arista penal- determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a US$21,3 millones, de los cuales US$17,8 millones tenían un origen ilícito.

Y si bien el dinero deb√≠a ser restituido a la viuda del exdictador Luc√≠a Hiriart ‚Äďde 95 a√Īos- y a sus cinco hijos, incluyendo una veintena de propiedades, el S√©ptimo Juzgado Civil de Santiago -en octubre de 2018- orden√≥ retener los US$17 millones de d√≥lares que deb√≠an pasar a sus herederos.

De acuerdo a la presidenta del CDE, Mar√≠a Eugenia Manaud, si bien no se acredit√≥ que los herederos hubieren tenido participaci√≥n en los il√≠citos, la petici√≥n se fund√≥ en que ‚Äúson los destinatarios de un enorme provecho econ√≥mico, fruto de una conducta delictual plenamente acreditada‚ÄĚ.

Se trata de un enfoque similar al que el CDE usó contra los herederos de Mario Silva Leiva, alias Cabro Carrera, conocido como el mayor narcotraficante de la historia de Chile, luego que su familia aceptara recibir la fortuna de conocido origen ilícito.

Por su parte, el SII tambi√©n elucubr√≥ su propia jugada: fue ante la justicia para pedir los tributos pendientes que ha generado la fortuna de Pinochet, congelada durante todos estos a√Īos, que no han sido pagados a ra√≠z de aquella orden judicial emanada por el juez Mu√Īoz en 2004.

Prospere o no la acci√≥n del CDE, el SII ir√° por los impustos respectivos. Si funciona, probablemente sea Hacienda quien determine de qu√© forma sean distribuidos los montos en el erario p√ļblico.

Lo cierto es que si Pinochet hubiera estado vivo al momento del fallo definitivo de la Corte Suprema respecto a la arista penal, el dictador habr√≠a tenido que cumplir una pena de c√°rcel por malversaci√≥n de fondos p√ļblicos.

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