De acuerdo a información exclusiva a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, la Contraloría General de la República ordenó abrir sumarios en Gendarmería por irregularidades en la evaluación de reos del penal de Punta Peuco que pretendían obtener salida dominical.
En tanto, la defensa de los exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos anunció acciones políticas, penales y civiles para perseguir responsabilidades.
En un informe de 53 páginas, que comenzó a elaborarse en 2017, la Contraloría cuestionó los exámenes psicológicos realizados a 48 solicitudes de cuatro exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y ordenó abrir investigaciones administrativas contra los funcionarios penitenciarios en un plazo de 15 días.
“Gendarmería no aportó los antecedentes de respaldo que permitan constatar la aplicación de los instrumentos y/o herramientas en los cuales se sustentan los informes psicológicos de los internos” dice una de las conclusiones respecto a los informes del Consejo Técnico del penal de Punta Peuco, donde no se argumentó debidamente las razones del rechazo al beneficio de salida dominical.
“Gendarmería de Chile deberá instruir un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los incumplimientos y falencias observadas, debiendo remitir a esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de este documento, la resolución que ordene su instrucción y designe al investigador” se lee al final del informe.
El abogado de varios de los exuniformados reos de Punta Peuco, Raúl Meza, calificó de graves las conclusiones del informe, argumentando que se negó en forma ilegal los beneficios a estos internos.
Anunciando que van a perseguir en lo penal, en lo civil y en lo político, las responsabilidades respectivas.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, le restó importancia a esta resolución de la Contraloría, apuntando que es otro mecanismo más de las defensas de estos reos para evadir sus condenas.
La investigación la solicitaron a la Contraloría los internos Raúl Iturriaga Neumann, general retirado condenado por el crimen del general Carlos Prats; Miguel Estay Reino, exmilitante comunista conocido como El Fanta que se transformó en informante de la DINA; y Carlos Herrera, ex agente de la CNI sentenciado por el asesinato del expresidente de la ANEF, Tucapel Jiménez.
