El ministro en visita Mario Carroza condenó a diez años de cárcel a tres militares en retiro, por el crimen de Rodrigo Rojas De Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, tras ser quemados vivos en una manifestación en plena dictadura de Augusto Pinochet, en lo que luego de conoció como “Caso Quemados”.
Los 11 condenados habían sido acusados en septiembre de 2017 por el juez Carroza de “homicidio calificado” del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri y “homicidio calificado frustrado” de la universitaria Carmen Quintana, durante una protesta en 1986, en un caso que se transformó en uno de los más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
Casi 33 años después de los hechos, Carroza condenó a los exoficiales Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina Gálvez “a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos”, indicó el fallo difundido por el Poder Judicial.
También se condenó a la pena de tres años y un día a otros ocho exuniformados como cómplices: Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Osvaldo Astorga Espinoza, Francisco Fernando Vásquez Vergara, Leonardo Antonio Riquelme Alarcón, Walter Ronny Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Patricio Franco Rivas y a Sergio Hernández Ávila.
En tanto, fueron absueltos el excomandante del Regimiento N°10 Los Libertadores, René Aníbal Muñoz Bruce; y Pedro Fernández Dittus, ambos procesados como encubridores.
En el caso del capitán Fernández Dittus, se le terminó exculpando por considerar su causa como cosa juzgada, pues en 1993 fue condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y actuar negligente por no prestar ayuda a las víctimas, hecho por el que fue sentenciado a 600 días de cárcel.
En el aspecto civil, el Estado deberá indemnizar a la familia de Rodrigo Rojas y a Carmen Quintana con 450 millones de pesos.
Carroza determinó que los militares “rociaron los cuerpos de los dos con combustible y mediante el empleo de un elemento adicional, se les prende fuego, a consecuencia de esa acción se incendian sus ropas y resultan ambos con sus cuerpos quemados en una importante proporción”, según el fallo.
Rodrigo Rojas falleció cuatro días después, mientras que Quintana, que actualmente es profesora universitaria, sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% del cuerpo.
El caso provocó especial atención en Estados Unidos, ya que Rojas vivía en ese país y se encontraba de vacaciones en Chile cuando fue asesinado.
Hace cuatro años, Washington desclasificó documentos sobre la dictadura chilena en el que se aseguraba que Pinochet encubrió el asesinato del fotógrafo.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según datos oficiales.
Familiares criticaron las penas
Tras conocerse la condena, Carmen Gloria Quintana aseguró que “por fin se establece la verdad de los hechos”.
Eso sí, criticó la demora. “32 años después es demasiado tiempo, pues nada podrá reparar el daño que debió afrontar mi familia y yo”, dijo.
En esa línea, los abogados querellantes y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos calificaron la pena como insuficiente, considerando la responsabilidad institucional del Ejército y el calibre de los hechos.
El abogado querellante del caso, Héctor Salazar, aseguró que es necesario determinar la responsabilidad institucional del Ejército en el encubrimiento de los hechos.
“Más allá de las responsabilidades personales directas de los involucrados en los hechos, hay una responsabilidad institucional del Ejército de Chile muy importante involucrada en este caso”, señaló.
“La función de la justicia militar en este caso no fue buscar la verdad, sino encubrir los hechos para librar a su personal de las imputaciones de su actuar brutal”, añadió.
Por su parte, Cristián Cruz, que representa al hermano de la víctima, Pablo Oyarzo de Negri, calificó la sentencia como insuficiente -considerando la brutalidad del crimen-, y aseguró que estudiarán la causa junto a los familiares para determinar eventuales apelaciones.
“Ya conseguir una pena de cárcel efectiva es reconocible, pero quemar vivas a dos personas… Si además estos sujetos se han beneficiado de esta impunidad y de diferentes económicos del Ejército, creemos que la penalidad en principio debiese ser más alta”, apuntó.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, advirtió que los fallos del Poder Judicial no han sido en función de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.
“Cuando una persona la queman viva, la trasladan y la botan con basura y agoniza, no amerita las condenas que les dieron a estos criminales”, cuestionó.
“No puede ser que el poder judicial siga dando condenas que no respeten la normativa internacional”, sentenció la dirigenta.
