Nacional
Viernes 14 septiembre de 2018 | Publicado a las 02:56
Cámara rechaza acusación constitucional contra supremos y deja atrás inédito conflicto
Publicado por: Alberto Gonz√°lez
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Tras un tenso debate, la Cámara de Diputados rechazó este jueves acusar constitucionalmente a tres jueces de la Corte Suprema, que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad en un inédito conflicto entre poderes.

La Cámara rechazó por 73 votos -del oficialismo y de la oposición- contra 64 el proceso de inhabilitación de los tres magistrados, después de que en una votación previa se había producido un empate a 69 votos.

Tal como se esperaba, los votos de la Democracia Cristiana fueron decisivos a la hora de rechazar la cuestión previa y luego al rechazar la acusación propiamente tal.

Desde Chile Vamos, los diputados Juan Antonio Coloma, de la UDI y Gonzalo Fuenzalida de RN, aplaudieron el rechazo y junto con afirmar que hay que ofrecer disculpas a los jueces que fueron acusados, también esperan que esta situación no condicione futuros fallos judiciales en materia de libertades condicionales.

Recordemos que un grupo de parlamentarios de izquierda, encabezados por la diputada Carmen Hertz, hab√≠an presentado una acusaci√≥n constitucional destinada a inhabilitar a los magistrados Carlos K√ľnsem√ľller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema, por decretar libertad condicional para seis militares y un polic√≠a retirados, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos.

En un país donde siguen abiertas las heridas que dejó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el grupo de legisladores del Frente Amplio y de la extinta coalición que apoyó en el poder a la expresidenta socialista Michelle Bachelet, consideraban que la decisión de los jueces viola la legislación internacional, en particular el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, los jueces aseguraron que su decisión cumple todos los requisitos previstos por la ley chilena ya que los reos habían purgado gran parte de sus condenas y no existían impedimentos para otorgarles dicho derecho.

En la bancada de la izquierda, los diputados enarbolaron fotos de desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet.

El primer paso hacia la inhabilitaci√≥n lo hab√≠a dado en la ma√Īana una comisi√≥n de cinco parlamentarios que resolvi√≥ por 4 votos contra 1 recomendar al plenario la aprobaci√≥n de la acci√≥n presentada por el grupo de legisladores.

Una primera votaci√≥n sobre la admisibilidad de la causa constitucional en el plenario concluy√≥ en un empate a 69 votos por lo que fue necesaria una segunda votaci√≥n. En caso de que la moci√≥n hubiera prosperado, el Senado hubiera tenido la √ļltima palabra.

Supremos descartan roces con el Congreso

En el palacio de los tribunales en Santiago, en sus respectivos despachos, los tres supremos acusados esperaron la votación de la Cámara de Diputados.

Junto a ellos, estuvieron el presidente del tribunal máximo del país, Haroldo Brito, dirigentes de la Asociación Nacional de Magistrados y funcionarios del poder judicial.

Conocido el resultado, uno de los supremos acusados, Hugo Dolmestch, manifestó que seguirá fallando igual y dijo sentirse sometido a un juicio.

En tanto, Brito destacó que el final del proceso fue tranquilizador y descartó que se produzcan roces con el legislativo en lo sucesivo.

Conflicto de poderes

Se trata de un conflicto sin precedentes entre los poderes judicial y legislativo, que considera que lo que est√° en juego es “la vigencia del Estado de Derecho” y la autonom√≠a de la judicatura, aseguran analistas.

Desde la llegada de la democracia, sólo un juez, Hernán Cereceda, fue destituido en 1992 por negarse a investigar la desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso Chanfreau.

Uno de los liberados, el coronel retirado Mois√©s Retamal, cumpl√≠a una condena de seis a√Īos de c√°rcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos a pocos d√≠as del golpe de Estado que encabez√≥ Pinochet para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.

Los uruguayos fueron detenidos por la policía cuando estaban escondidos en una mina abandonada cerca de la localidad de San José de Maipo, en el este de Santiago, cuando intentaban cruzar la cordillera de Los Andes para escapar a Argentina. Fueron torturados y luego desaparecidos.

Otro de los favorecidos por la decisión de los jueces fue el expolicía Gamaliel Soto, condenado como cómplice del secuestro de un médico que permanece desaparecido desde 1973, y el exmiembro del Ejército chileno, Manuel Pérez, condenado como cómplice del secuestro del exquímico de los servicios secretos de la dictadura Eugenio Berríos, en 1991.

Tambi√©n se beneficiaron el exbrigadier del Ej√©rcito, Emilio de la Mahotiere, condenado a tres a√Īos y un d√≠a como c√≥mplice y encubridor de asesinatos, as√≠ como otros cuatro exoficiales.

Unos 122 condenados cumpl√≠an condena en la c√°rcel especial para represores de Punta Peuco a julio de 2017, seg√ļn un Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.

Al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a el a√Īo pasado a los tribunales buscando revertir las condenas en su contra, conseguir la libertad condicional o alegar inconstitucionalidad en sus casos.

Durante la dictadura de Pinochet unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, seg√ļn datos oficiales.

Esta nota se redact√≥ con informaci√≥n de los periodistas de Radio B√≠o B√≠o √ďscar C√°ceres y Erik L√≥pez, adem√°s de Agencia France-Presse.

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