Por tercera vez, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dejar en libertad al exgerente de Aurus, Mauricio Peña, indagado por delitos relacionados a un daño patrimonial de 30 millones de dólares en dos fondos de inversión.

Fue la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino la que rechazó la rebaja de medidas cautelares para el exejecutivo, quien habría sobrevalorado activos en dos fondos de inversión, Aurus Insignia y Aurus Global, generando la millonaria pérdida que fue informada en una auditoría de Deloitte.

En esta causa la Fiscalía Oriente le imputa al indagado cuatro delitos: entrega de información falsa al mercado y a la Superintendencia de Valores y Seguros; estafa; uso de instrumento privado falso y apropiación indebida.

Se estima que en 58 ocasiones habría cometido el ilícito de desvío de fondos a través de familiares y cercanos, superando los 400 millones de pesos en apropiación indebida, según la estimación de fiscalía.

La nueva revisión de precautorias fue sustentada por la defensa en las atenuantes que jugarían a favor de Peña, quien en la última audiencia, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo que permanecer esposado, engrillado y con el chaleco amarillo de “imputado”.

A casi tres meses de su formalización, el 1 de diciembre pasado, sus abogados Miguel Chávez y Jorge Awad han propiciado la construcción de atenuantes para su representado, depositando más de 50 millones de pesos en el tribunal para la reparación del mal causado, sumando además, una nueva declaración ante el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, para configurar la “colaboración sustancial en la investigación”.

Pese a ello, el acusador considera que la gravedad de los delitos imputados en este caso, el bien jurídico afectado -del orden público económico- junto a los millonarios montos involucrados, sustentan la necesidad de cautela de prisión preventiva.

Pese a este escenario la defensa podría solicitar otra revisión de medidas cautelares para obtener la libertad del exejecutivo que tuvo a su cargo estos dos fondos de inversión destinados a clientes de alto patrimonio.

Este eventual cuarto intento de salir de prisión, sería posible si surgen nuevos antecedentes o se cumple el plazo de seis meses que la actual legislación considera para resguardar los derechos que todo imputado tiene para la revisión de las medidas cautelares.

Según la defensa, acá hay un reconocimiento de los hechos por parte del imputado, lo que ha considerado el Ministerio Público, aunque no están de acuerdo con la calificación jurídica que se hace de los mismos.