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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un juez de Miami ordenó la detención del exmandatario cubano Raúl Castro por presunta conspiración con espías para derribar avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en un ataque donde murieron cuatro personas. La investigación revela que espías cubanos en Florida facilitaron el ataque aéreo. Castro, acusado también por la justicia federal en mayo, enfrenta cargos de asesinato. La fiscalía de Florida dará detalles en conferencia el lunes. Este caso se suma a la presión de EE.UU.

Un juez de Miami (EEUU) firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.

La orden judicial, firmada el viernes, según el medio, se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

Orden de arresto contra Raúl Castro

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal.

De acuerdo con la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.

Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.

Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.