El gobierno de Argentina denunció ante la justicia de su país a la empresa multinacional de ciberseguridad y defensa Thales, por presuntos vuelos realizados en septiembre entre la ciudad de Punta Arenas y las islas Malvinas/Falklands.
Se trata de una contratista que ha prestado servicios para las Fuerzas Armadas trasandinas, en los últimos años.
La denuncia fue interpuesta por traslados que se realizaron en el Atlático Sur entre el 19 y 24 de septiembre de 2026, sin autorización de dicha administración.
“Según la presentación, a la que accedió Clarín, los vuelos fueron efectuados con un avión de matrícula británica G-FPLD, perteneciente a Thales, entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833”, expusieron.
“La primera operación se realizó desde Punta Arenas hacia las islas y la segunda, cinco días después, en sentido inverso. En ninguno de los dos casos la empresa habría solicitado autorización a las autoridades aeronáuticas argentinas”, agregaron.
Asimismo, el gobierno argentino detalla que existiría una vinculación entre esos vuelos y las operaciones de exploración y explotación hidrocarburífera, sancionadas por ese país.
El martes, Buenos Aires solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que disponga medidas contra el proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.
“Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó en un comunicado el Ejecutivo de Javier Milei.
Según el comunicado, “la solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo (Alemania).
El objetivo de Argentina es detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ (costas afuera) operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
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