Un grupo de manifestantes trató de romper el cerco de seguridad que se mantiene en torno a la Plaza Murillo, que tiene a sus alrededores el palacio presidencial de Palo Quemado y la sede del Poder Legislativo en Bolivia, en la continuación las protestas por parte de grupos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos, pero sigue sin poder destrabar los cierres de vías que mantienen al país incomunicado.
Tensa jornada de protestas en Bolivia
La protesta convocada para este 22 de mayo por la Central Obrera Boliviana, la coalición sindical que funciona como brazo político del expresidente Evo Morales, intentó llegar al palacio de Gobierno de Palo Quemado, en La Paz.
La represión por parte de la Policía ocasionó escenas de caos, con gases lacrimógenos elevándose en medio de los autos que trataban de circular en los alrededores de la Plaza Murillo (donde también funciona la Asamblea Legislativa Plurinacional) y comerciantes y transeúntes corriendo al igual que los manifestantes para resguardarse en edificios cercanos.
Luego de tres semanas de protestas de distintos sectores contra las políticas del centroderechista Paz, los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo y el cerco casi total de la sede de los poderes persisten.
Ahora el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas ha añadido un nuevo elemento, al revelar en un comunicado su preocupación sobre “grupos irregulares que ostentan armamento bélico de alto calibre”.
A raíz de ese supuesto hallazgo, el organismo promete actuar “en el marco de la ley” para no permitir “ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional”.
El comunicado no agrega de qué armamento se trata ni si hay investigaciones en curso para determinar cómo llegó a manos de los manifestantes.
Hasta el momento, mineros, campesinos, transportistas, líderes indígenas y maestros se han unido a las protestas con distintas demandas, pero también la COB y otros grupos afines al expresidente Evo Morales que han centrado sus esfuerzos en exigir la renuncia de Paz.
Un grupo de vecinos de El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia después de Santa Cruz, intentó este viernes cortar el acceso al aeropuerto internacional de La Paz, que funciona en esa ciudad, pero se retiraron a primeras horas de la tarde, con lo que se retomó el funcionamiento de la terminal, que ha sido usada como puente aéreo para distribuir alimentos a la capital.
Por su parte, el Ministerio de Salud reportó el jueves 21 de mayo un cuarto fallecimiento atribuido a falta de atención oportuna debido a los cierres de carreteras.
Se trata de un niño de 12 años que era trasladado en una ambulancia desde la localidad de Llallagua hasta Potosí, en el departamento andino del mismo nombre. Según un comunicado del Ministerio, “el vehículo tuvo que dirigirse hacia Oruro” y “el menor falleció en el trayecto”.
El niño tenía un “trauma abdominal grave” del que debía ser operado, para luego ser internado en una unidad de cuidados intensivos.
“Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”, exhortó la entidad en el boletín.
Varios centros asistenciales públicos de La Paz han informado que han comenzado a racionar insumos como el oxígeno medicinal y a reprogramar cirugías, por temor a que si persiste el bloqueo de vías se agote la existencia de este tipo de recursos.
Janett Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, le dijo al diario ‘El Día’ que el centro asistencial tiene oxígeno para siete días, lo que obliga a poner en práctica un “uso racional”.
Incluso compromisos deportivos, como la Copa Libertadores de fútbol, se han visto afectados por las protestas, y este jueves el club Bolívar anunció que recibirá al Independiente Rivadavia argentino el 27 de mayo en Santa Cruz, y no en su escenario natural de La Paz, “debido a los conflictos sociales y las dificultades logísticas que actualmente atraviesa la ciudad”.
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