Enviando corrección, espere un momento...
VER RESUMEN
Doce personas desaparecidas durante la dictadura argentina fueron identificadas a partir de restos encontrados en La Perla, un excentro clandestino en Córdoba. El descubrimiento, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, utilizó tecnología Lidar para detectar alteraciones en el terreno donde los agresores intentaron borrar rastros. Entre las víctimas identificadas se encuentran Mario Nívoli y Ramiro Bustillo, cuyas familias expresaron alivio y emoción.
Se trata de víctimas tras el golpe militar de 1976. Los restos estaban en una fosa de un centro clandestino en Córdoba y finalmente fueron identificados este mes.
A pocos días del 24 de marzo, fecha del 50° aniversario del golpe militar de 1976 en Argentina, 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar de ese país fueron identificadas a partir de restos hallados en la fosa del predio del excentro clandestino La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba.
La confirmación llegó desde el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, y marca un nuevo capítulo en una historia donde la memoria, la ciencia y la justicia avanzan, aun cuando el tiempo, el silencio y los vaivenes del discurso oficial en torno a los delitos de lesa humanidad parecían haber sellado el destino de las víctimas.
El hallazgo, que data de septiembre de 2025, pero en las últimas semanas tuvo la identificación de los restos, se produjo en un sector conocido como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera. Allí, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desplegó una investigación que combinó testimonios, archivos y tecnología de punta.
La tecnología Lidar, un sistema que detecta alteraciones del terreno mediante pulsos láser, permitió identificar zonas donde el suelo había sido removido décadas atrás. Además, los datos se cruzaron con fotografías aéreas de 1979 del catastro provincial.
El resultado permitió dar evidencias de movimientos de tierra realizados con maquinaria pesada por los propios represores, en un intento por exhumar cuerpos y borrar rastros. Como en tantos otros casos vinculados a la dictadura, fue un procedimiento sistemático de ocultamiento.
Identificación de las víctimas
Entre las víctimas identificadas está Mario Alberto Nívoli, estudiante de Ingeniería Química, militante de la Juventud Universitaria Peronista y secuestrado en 1977 bajo el aparato represivo comandado por Luciano Benjamín Menéndez, represor condenado en 2008 por delitos de lesa humanidad y fallecido diez años después.
Al momento de su desaparición forzada, Nívoli tenía 28 años. Su hija, María Soledad, tenía cuatro meses de edad cuando lo vio por última vez.
“Ya no soy hija de un desaparecido… mi papá está muerto”, dijo Soledad en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3, en una frase que condensa décadas de ausencia, pero también el alivio de una certeza que interrumpe el crimen prolongado de la desaparición.
También fue identificado, por rescatar otro caso, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, de Mendoza, estudiante de ingeniería, obrero y militante del Partido Comunista. Fue secuestrado también en 1977, cuando su pareja estaba embarazada. El hombre, por entonces de 27 años, nunca conoció a su hija Elena, pero ahora ella pudo expresar su emoción.
“Es una alegría inmensa. Es una nueva etapa de duelo. Dentro de todas estas cosas que aparecen en mí, prima la felicidad. Contenta de que mi papá pueda volver a su familia, de donde nunca debió ser arrancado”, dijo Elena en la conferencia de prensa organizada por la Justicia el miércoles pasado.
Advirtió que ahora su padre será “recibido con amor” y celebró que la familia pueda dejar atrás “el lugar de violencia en el que nos pusieron a cada uno”.
“Volvimos a un lugar amoroso. Estoy agradecida con cada uno de los que hicieron esto posible durante 50 años de lucha; a la EAAF por su trabajo impresionante, por poner ciencia de calidad al servicio de la justicia, con suma calidad humana. Y a todos los organismos de DD. HH. que nunca bajaron los brazos, a su lucha que sigue dando frutos, y que los va a seguir teniendo”, manifestó la mujer.
Según dijo el magistrado Vaca Narvaja en la misma rueda de prensa, otros restos identificados fueron los de Carlos Alberto Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge López, las mellizas Cecilia y Adriana Carranza, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tizera y Elsa Mónica Pardo.
El nombre de la duodécima víctima fue reservado por motivos familiares y judiciales.
Los responsables de los secuestros y las desapariciones fueron condenados en 2016 en la “megacausa La Perla-La Ribera-D2”.
El mecanismo del horror en La Perla
Según los registros históricos de 1976 y 1977, por La Perla se estima que pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. Fue el mayor centro clandestino del país fuera de Buenos Aires en la etapa del último gobierno de facto, acontecido entre 1976 y 1983. El lugar fue cerrado a fines de 1978, sin que las construcciones posteriores afectaran sustancialmente la estructura original.
Allí, en la época militar, la lógica represiva combinaba tortura, desaparición y ejecución. Los detenidos eran trasladados en camiones militares hacia zonas cercanas para ser fusilados. Los propios represores llamaban a ese destino “ir al pozo”, según testimonios recabados en los juicios.
La maquinaria incluía, además, un mecanismo interno de impunidad: todos los oficiales debían participar de las ejecuciones. Una especie de “pacto de sangre” que garantizaba silencio y complicidad, pero que, cinco décadas más tarde, ya se rompió.
El rol clave del Equipo Argentino de Antropología Forense
Respecto a los responsables de investigar, vale destacar que el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar desde su creación a más de 800 personas desaparecidas.
Para este año está previsto retomar las tareas de prospección y excavación hasta completar el área, mientras que el EAAF remarcó la importancia de que las familias de personas desaparecidas que ya aportaron muestras de sangre actualicen sus datos de contacto.
Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), organismo fundado por el entonces presidente Raúl Alfonsín en 1983, poco tiempo después de asumir como el primer mandatario de la democracia, hubo 8.961 desaparecidos durante la última dictadura, pero le siguieron más denuncias y reportes con el correr de los años.
Otras organizaciones de derechos humanos cifran el número “simbólico” en 30.000 en base al reconocimiento de la existencia de más de 800 centros de detención clandestina, los presos políticos y los sobrevivientes de los campos.
El número, sin embargo, es rechazado por la derecha, que agita el discurso de “la teoría de los dos demonios”: el enfrentamiento entre las organizaciones guerrilleras de izquierda y las fuerzas armadas estatales.
