Las condiciones de salud de un anarquista encarcelado en Italia, en huelga de hambre desde hace más de 100 días, desató un debate sobre el régimen de encarcelamiento severo, que el gobierno de derecha quiere mantener a toda costa.
Unas 750 personas se encuentran tras las rejas en Italia bajo el régimen de detención conocido como “41-bis”, que conlleva un férreo aislamiento, entre ellas el anarquista Alfredo Cospito, de 55 años, condenado por un atentado cometido en 2006 contra un academia de los Carabineros.
El movimiento anarquista europeo declaró guerra a Italia ante el empeoramiento de las condiciones de salud de Cospiti e incendiaron las calles de Roma y de otras ciudades de la península.
El pasado 20 de octubre, según lo recordó El Salto Diario, Alfredo inició una huelga de hambre como protesta ante lo que muchos denuncian como una tortura legal.
El pasado fin de semana el consulado de Italia en Barcelona fue destrozado, en Berlín se quemó vehículos y en Roma arrojaron un cóctel molotov contra una comisaría.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró el martes que no piensa revocar el régimen de cárcel dura para Cospito, el cual fue trasladado a una prisión de Milán.
“Es impensable que el Estado ceda”, aseguró el ministro de Justicia, Carlo Nordio, conocido por sus posiciones conservadoras.
Total aislamiento en Italia, visitas limitadas
El artículo 41-bis del código penal nació como un arma clave del Estado contra las organizaciones criminales.
También se aplica a otros delitos violentos y al terrorismo.
“Es el régimen más estricto que se aplica en Europa occidental”, explicó Anna Sergi, profesora de criminología en la Universidad de Essex.
Las restricciones incluyen el confinamiento solitario en celdas individuales. Se suma un tiempo limitado al aire libre y una breve visita mensual para los miembros de la familia detrás de una pared de vidrio.
El envío de libros y periódicos también está prohibido.
El objetivo es cortar toda comunicación de los presos con el exterior. Así se impide que los capos de las mafias sigan al mando de sus organizaciones desde el centro penitenciario y convencerlos de colaborador con la justicia (“los arrepentidos”).
A pesar de las campañas para abolirlo, mucha gente en Italia sigue apoyándolo “porque estiman que los mafiosos se lo merecen pase lo que pase”, explicó Sergi.
Tanto el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional de Italia han pedido modificar el régimen de 41-bis.
Este régimen carcelario es usado para forzar la confesión de presos mafiosos, lo que es interpretado por muchos como un reconocimiento tácito de autoridades de su “condición de tortura”.
Riesgo de muerte
Para la organización defensora de los derechos de los presos, Antigone, la aplicación de ese régimen a Cospito es algo “desproporcionado”.
El anarquista fue condenado en 2014 a casi 11 años de prisión por haberle disparado a las piernas al dirigente de una empresa de energía nuclear dos años antes.
Sucesivamente fue condenado a 20 años por colocar en 2006 dos bombas caseras frente a un cuartel de la policía, un delito que los tribunales clasificaron de terrorismo.
Sus defensores sostienen que se trataba de actos reivindicativos, sin intención de causar muertes y que de hecho no hubo muertos ni heridos.
En mayo pasado fue castigado con 4 años más bajo el 41-bis después de que la justicia descubrió que mantenía desde la prisión contactos con grupos anarquistas.
En diciembre, un tribunal de Roma rechazó el recurso presentado por sus abogados para revocar el 41-bis. Un nuevo recurso ha sido presentado ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse el 7 de marzo.
Según medios locales, desde 2009 han muerto cuatro personas en las prisiones italianas como consecuencia de huelgas de hambre.
