Ante un perjuicio fiscal que ascendió a $752.080.290, el Servicio de Impuestos Internos (SII) consiguió una condena en contra de una pareja -Blanca Rojas y Yuri Hualme- que defraudó al Estado mediante solicitudes indebidas de devoluciones de impuesto a la Renta.
El delito cometido afectó a 139 contribuyentes, todos de bajos ingresos, quienes no reconocieron haber autorizado las rectificaciones de los formularios.
El método
Rojas y Hualme montaron un esquema delictual complejo, que fue detectado en las fiscalizaciones que realiza el SII.
Ambos captaban a personas de bajos ingresos, obtenían sus claves tributarias y antecedentes personales bajo la promesa de devoluciones legales, y procedían a rectificar fraudulentamente sus Formularios 22, incorporando créditos y rentas inexistentes de manera que les permitiera obtener devoluciones indebidas.
La acción delictiva, sostuvo el SII, afectó a 139 contribuyentes durante los años tributarios 2009 a 2014, alcanzando un perjuicio fiscal acreditado de $752.080.290.
Ningún afectado reconoció haber autorizado las rectificaciones: todos declararon ante el SII que fueron los imputados quienes los contactaron para solicitarles sus datos personales y claves de acceso al sitio web del Servicio, a cambio del 50% o más del monto de la devolución obtenida.
Acciones legales
Por lo anterior, el SII tomó acciones legales en contra de Blanca Rojas y Yuri Hualme.
El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo calificó el esquema montado por la pareja como “un mecanismo complejo, estructurado y reiterado”, que excede la mera rectificación tributaria.
En virtud de los hechos, condenó a Rojas y Hualme a 5 años y 1 día de presidio efectivo “por ejecutar una acción delictiva destinada a obtener devoluciones de impuesto que no les correspondían, vulnerando así el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario”, señaló el SII.
En simple, la normativa sanciona a quien, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuesto que no le correspondan.
Además, el tribunal le fijó una multa de $358 millones y fracción a cada uno de los condenados, suma que equivale al perjuicio fiscal estimado del caso.
Bárbara Olivares, subdirectora (s) Jurídica del SII, consideró que la pena privativa impuesta por el tribunal “es proporcional a la gravedad de las conductas cometidas”.
Remarcó, por último, que el Servicio estś en “permanente trabajo para detectar situaciones de delito tributario a través de sus fiscalizaciones” y que recurrirá a acciones judiciales “en contra de todos quienes busquen perjudicar la recaudación fiscal”.
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