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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, presentó el proyecto de ley "Cautelares Reforzadas" para proteger a víctimas de violencia intrafamiliar y sancionar incumplimientos de medidas cautelares. Propone protección continua entre tribunales, prohibición de hostigamiento digital, mayor fiscalización del monitoreo telemático, prisión preventiva por incumplimientos y designación de juez preferente en casos de violencia intrafamiliar.

Este miércoles, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció un proyecto de ley denominado “Cautelares Reforzadas”, enfocado en la protección a víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y sanciones para aquellos que incumplan medidas cautelares en dicha materia.

Entre sus pilares fundamentales figura la creación de medidas contra el hostigamiento digital y el endurecimiento de las sanciones para quienes dañen los dispositivos de monitoreo telemático. Además, el proyecto otorga mayores facultades de fiscalización a los municipios y promueve la especialización judicial para atender estos casos con mayor eficiencia.

Finalmente, se plantea que el incumplimiento de las órdenes de alejamiento sea un factor determinante al evaluar la prisión preventiva de los agresores.

“Necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia”, sostuvo la ministra.

Qué propone “Cautelares Reforzadas”

Cabe señalar que, al cierre de esta nota, el proyecto no había sido ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que los detalles específicos aún no se conocen completamente.

Según lo indicado por el Gobierno a través de una minuta, la iniciativa modifica normas contenidas en la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley sobre violencia intrafamiliar, ley que crea los Tribunales de Familia, normativa sobre monitoreo telemático, la de institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y el Código Procesal Penal.

Sus pilares y medidas principales se estructuran en los siguientes puntos clave:

1. Protección continua entre tribunales: Busca evitar vacíos en el resguardo de las víctimas cuando una causa transita desde un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía debido a antecedentes de delito. Para ello, establece reglas que aseguran la continuidad de la supervisión judicial y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y la penal.

2. Prohibición del hostigamiento digital: Incorpora una nueva medida cautelar específica para hacer frente al acoso y acecho digital. De esta forma, una persona podría quedar impedida de contactar, amenazar o acosar a la víctima, sus hijos o hijas mediante redes sociales, plataformas digitales u otros medios, complementando las actuales prohibiciones de acercamiento físico, que no necesariamente impiden este tipo de agresiones.

3. Más fiscalización y control del monitoreo telemático: De acuerdo con el proyecto de ley, los inspectores de seguridad municipal verán ampliadas sus facultades para colaborar en la fiscalización en terreno y en el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos de las medidas de protección.

Asimismo, elimina el requisito de formalización para acceder al sistema de monitoreo, establece consecuencias ante la inutilización o remoción intencional del dispositivo de rastreo y obliga a reportar las resoluciones sobre esta materia a Gendarmería.

4. Prisión preventiva ante el incumplimiento de cautelares: Modifica el Código Procesal Penal para obligar a los jueces a evaluar detalladamente la gravedad y las circunstancias del incumplimiento de una medida cautelar (como el quebrantamiento de prohibiciones de acercamiento) al momento de decidir si se aplica la prisión preventiva.

5. Juez preferente en casos de violencia intrafamiliar (VIF): En aquellos tribunales integrados por más de tres jueces o juezas, faculta la designación de un magistrado que conozca de manera preferente estas causas, promoviendo una tramitación especializada y un seguimiento continuo de los casos.