Luego de la cuenta pública del actual presidente de la nación, nuevamente sale a la palestra la relevancia de la educación pública en Chile, en particular a través de la política educativa que creó hace unos años atrás los primeros Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), y que aspira a conformar 70 de estas unidades a nivel nacional cuando entren en régimen, proceso al cual se le ha denominado “desmunicipalización” de la educación.
Si bien al momento de su discusión y planteamiento como ley existía consenso en la relevancia de los SLEP para el futuro de la educación pública, con el pasar de los años las expectativas han caído ante la realidad de su accionar, tal como lo reflejan los Informes Anuales de Seguimiento emanados desde el Ministerio de Educación, junto con otros reportes de diversas instituciones. Es así como se ha planteado en la cuenta pública una mejora y fortalecimiento del funcionamiento de los SLEP, sin entrar en mayor profundización, por lo que cabe preguntarse dónde debiera estar el foco de este nuevo proyecto de ley que involucra al ámbito socioeducativo.
En ese sentido, un punto esencial a resolver son los plazos que involucra una pertinente instalación y desempeño de lo SLEP. Así, se ha retrasado una y otra vez el calendario derivado de la ley N°21.040, por lo que ha quedado demostrado que, primeramente, el nuevo plan amerita un horizonte razonable para el correcto desempeño de los SLEP.
Por otro lado, la articulación de los diferentes niveles del sistema socioeducativo involucrados debe plantearse no solo como un hecho aspiracional expresado en la ley, sino más bien al alero de recursos y herramientas acordes a los territorios y comunidades educativas, tomando como experiencia las lecciones, aprendizajes y desafíos en base a lo que se ha realizado y vislumbrado en los SLEP en curso, tales como aclarar los aspectos de remuneraciones, potenciales deudas, y sistematización de información por el traspaso desde un municipio a un SLEP.
A su vez, debe aclararse y acotarse una serie de procesos que, si bien pueden tener muy buena intención inicial, empiezan a traslaparse y terminan abrumando con aspectos mayormente administrativos y burocráticos al accionar de las unidades y personas que están al alero de los SLEP, en particular porque se conecta con diversos cuerpos legales. Así, se vuelve difusa la distinción entre lo que es estratégico -y cómo lograrlo-, sabiendo que igualmente la prioridad y foco es una educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes del país.
Por último, un aspecto clave a considerar es que diversa evidencia ha mostrado que la creación de los SLEP es un cambio cultural mayor, en particular porque los actores involucrados ya habían asimilado lo que aún hacen las municipalidades al respecto, como predecesor visible.
Lo planteado implica que varias personas llevan esas prácticas a los SLEP, lo que paradójicamente contraviene su desempeño. Así, la reconstrucción de confianzas al alero de un trabajo colaborativo, e idealmente en red y sistémico, debe ser más que un discurso y anhelo, sino que un accionar concreto que la propuesta de ley que se ha anunciado deberá tener en consideración.
Juan Pablo Queupil Quilamán
Académico e investigador del Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa (CITSE)
Universidad Catolica Silva Henríquez
