Una de las primeras políticas públicas que avanzó hacia la inclusión en nuestro sistema educativo fueron los Programas de Integración Escolar (PIEs).
Con más de 20 años de existencia y presencia en más de 6 mil escuelas han representado un aporte para incluir y mejorar la calidad de aprendizajes de más de 370.000 niñas y niños, tanto en establecimientos municipales/públicos como particular subvencionados. Sin embargo, el programa de gobierno de José Antonio Kast plantea la derogación del Decreto 170, afectando gravemente el funcionamiento de los PIEs y por tanto generando un obstáculo para la educación inclusiva.
Los PIEs y el Decreto 170 han abierto la posibilidad de implementar equipos permanentes de apoyo en las escuelas para los estudiantes y sus docentes; la planificación conjunta entre docentes de aula y educadores diferenciales; que los apoyos se presten en sala reduciendo así la exclusión social de los estudiantes referidos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), y que las educadoras brinden apoyo a estudiantes que lo requieran, entre otros aspectos favorables.
Lo que el candidato Kast propone es la itinerancia de las prestaciones –como era antes del decreto 170, en vigencia del decreto 01/1998– que implica sacar a los estudiantes de la sala disminuyendo sus posibilidades de inclusión, reduciendo la colaboración entre los equipos y docentes, afectando el lazo entre profesionales y estudiantes, así como con las familias. Así también, la tercerización del Servicio “a organizaciones de la Sociedad Civil” corresponde a formas de privatización encubierta de un servicio que es público, generando un mercado a partir de la inclusión además de precarizar las condiciones laborales de quienes hoy se desempeñan en los PIEs.
La inclusión es la expresión del derecho a la educación de todos los niños y niñas, especialmente de aquellos que requieren más apoyo. Un buen gobierno –y en concordancia con los compromisos asumidos por Chile– debe construir culturas inclusivas, apoyando a los niños, niñas, docentes y cuidadoras. Los establecimientos educativos deben generar prácticas educativas que aseguren el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la participación de todas y todos los estudiantes.
A los programas de integración PIE les falta ayuda, pero justamente lo que no se requiere es sacarlos de las escuelas, ni menos abrirlos al mercado educacional. Si bien esta política pública tiene elementos a mejorar, ha representado avances significativos en materia de inclusión que es necesario resguardar. Educar es incluir a todos. Un programa de gobierno debe promover la inclusión y no obstaculizarla.
Verónica López, Directora Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
Claudia Aldana S., Directora Ejecutiva Fundación Una Escuela Para Todos
Boris Villalobos-Parada, Académico Carrera de Psicología, Universidad de Playa Ancha
Juan Pablo Álvarez G., Coordinador General Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES PUCV.
Mónica Peña, Directora Magíster en Psicología, Universidad Diego Portales.
