Aún permanece en curso el sumario administrativo para determinar las responsabilidades en torno al millonario robo a un camión de valores al interior del aeropuerto Arturo Merino Benítez, registrado el pasado 12 de agosto.

Sin embargo, en este marco, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, confirmó que mientras dure la investigación ha sido suspendido de su cargo el director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, el jefe del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y el jefe nacional de Seguridad Aeroportuaria.

En el informe que hizo llegar la Dirección General de Aeronáutica Civil al secretario de Estado, se evidenciaron graves fallas de seguridad reportadas anteriormente y que a la fecha del robo aún no habían sido resueltas.

Dentro del documento se consigna que el personal de la propia DGAC, responsable de la seguridad aeroportuaria, no ejerció una fiscalización efectiva del cumplimiento de la normativa en lo que respecta a las operaciones de transporte de valores al interior del aeropuesto donde, subrayó, interactúan organismos públicos y privados.

“En 2012, la Dirección de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos detectó deficiencias en el control de acceso a zonas de seguridad restringida, las que a la fecha del ilícito no habían sido subsanadas y corregidas”, declaró el ministro.

Además manifestó que la normativa para el traslado de valores “deja espacio para vulnerabilidades” producto de que no es “suficientemente específica” en cuanto a la regulación de estas operaciones en los aeropuertos.

A lo anterior, agregó, se suma el hecho que la empresa no haya cumplido con el procedimiento reglamentario y tampoco haya implementado las medidas de seguridad necesarias en el traslado de valores.

Dentro de las medidas enumeradas por el ministro y que se han implementado tras el robo, se encuentra:

- La separación de su cargo del jefe de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
- La instrucción de un sumario -aún en curso- para establecer responsabilidades de nivel administativo.
- El inicio de un proceso infraccional por parte de la DGAC para investigar la responsabilidad de los operadores aeroportuarios que participaron de la operación.
- La contratación de más de 70 funcionarios para reforzar la dotación de seguridad aeroportuaria en el Aeropuerto.
- El aumento de los controles en las zonas de seguridad y la fiscalización a las operaciones de transporte de valores.
- El refuerzo de los controles de acceso a las zonas restringidas con personal de seguridad.
- La adquisición y aumento de equipos para chequeo de vehículos en puestos de control, asignación de más vehículos en funciones de patrullaje del perímetro y zonas de seguridad, y la disposición del uso de cascos y chalecos antibalas para personal que participa en patrullajes.
- La adquisición de pilares móviles para disminuir la velocidad de vehículos que ingresan al recinto y el refuerzo de portones para evacuación de emergencia.
- El inicio de estudios para mejorar las instrucciones y reglamentos de seguridad aplicables a empresas y servicios públicos dentro de recintos aeroportuarios y la planificación de medidas de mediano plazo para mejorar la infraestructura y capacidades técnicas en materia de seguridad.