El diputado del PC Hugo Gutiérrez presentó una reclamación ante la Contraloría por ilegalidad del decreto supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que según él pretende reglamentar la consulta de los pueblos originarios, privilegiando los derechos de los empresarios.

Se le pide al Contralor General de la República que no tome razón de este decreto de noviembre de 2013 y que se declare ilegal, para proceder a hacer uno nuevo.

Según explicó Gutiérrez, las consultas ciudadanas en el marco de una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, con este decreto equivaldrían a la consulta de los pueblos originarios que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algo que -según su opinión – no es correcto y es una burla descarada hacia éstos.