La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó este lunes una ley del estado de Arizona que exigía, contra la opinión del gobierno, una prueba de nacionalidad estadounidense para inscribirse en los registros electorales en ese estado del suroeste del país, en el que habitualmente ganan los republicanos.

Esta ley, aprobada para impedir el voto de los inmigrantes sin papeles, exigía documentos que el gobierno federal no requería en su formulario de inscripción sobre las listas electorales.

La ley federal estadounidense “prohíbe que Arizona exija a quien cumple el trámite federal de inscripción (en las listas para votar) que aporte más informaciones que las requeridas”, escribió el juez conservador Antonin Scalia en nombre de la mayoría.

Esta decisión sólo concierne a Arizona, estado fronterizo con México y a menudo en conflicto con Washington a propósito de cuestiones de inmigración. Sin embargo, cuatro estados del sur -Alabama, Georgia, Kansas y Tennessee- tienen leyes similares y otros doce estados contemplan hacer lo mismo.

Si Arizona puede exigir más pruebas de ciudadanía que las que se exigen a escala nacional, “entonces cada estado podría imponer su propia regla”, según la argumentación del gobierno ante la Corte Suprema.

La resolución de la más alta instancia judicial del país es una victoria para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que veían en la norma de Arizona un nuevo atentado contra los derechos de las minorías descendientes de inmigrantes.

“La Corte dio un paso crucial para garantizar que las urnas sigan siendo libres, justas y accesibles a todos los ciudadanos”, declaró Laughlin McDonald, de la principal organización de defensa de los derechos civiles, ACLU.

Cerca de 13 millones de personas en Estados Unidos carecen de documentos que demuestren su nacionalidad. Tan solo en Arizona el 90% de las 31.000 personas cuya inscripción fue rechazada nacieron de hecho en Estados Unidos, según la ACLU.

“La decisión de hoy es una victoria para el gobierno federal, que tiene el poder de regular las elecciones federales y proteger el derecho a voto”, estimó Elizabeth Wydra, del Centro de Defensa de los Derechos Constitucionales.

Para el presidente de la organización de defensa de los derechos de los estadounidenses de origen mexicano (Maldef), Thomas Saenze, “Arizona y esos estados que eligieron seguir esta legislación irresponsable recibieron un claro mensaje”.

El caso fue planteado ante la Corte por Jesús González, naturalizado estadounidense, cuya inscripción fue rechazada en virtud de esta ley de Arizona.