Organizaciones mapuche y chilenas solicitaron al Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, que intervenga en la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, si es que no se realiza un proceso de consulta a los pueblos originarios que utilizan el mar enmarcado dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto a través de una consulta formal enviada a la sede de la ONU, según lo explicado por Sergio Millaman, abogado e integrante del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche, quien enfatizó que el proyecto de ley entrega el mar gratuitamente a siete familias del país, marginando a los pescadores artesanales y a los pueblos originarios.
De ahí a la necesidad, de recurrir a instancias internacionales.

De acuerdo a Millaman, una serie de derechos serán vulnerados de aprobarse la reforma a la Ley de Pesca, entre ellos, la sustentabilidad y la economía de los pueblos originarios.

Se espera que el relator especial para los pueblos originarios responda a la brevedad a la consulta formal enviada por diversas organizaciones ciudadanas y mapuche, con el fin de interceder en la tramitación de la también llamada “Ley Longueira”, a esta altura un polémico proyecto que mantiene en vilo a comunidades y organizaciones originarias, que incluso anunciaron solicitar su inconstitucionalidad.