España confirmó oficialmente este lunes que volvió a caer en recesión, lo que complica su deseo de recuperar la confianza de los mercados, cada vez más inquietos por un sector bancario fragilizado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Una vez más, esta burbuja que explotó en 2008 parece explicar ella sola todo los males de España: sin este motor, el país oscila desde entonces entre la recesión y un débil crecimiento, con una tasa de desempleo récord del 24,44% y un clima de malestar social.

Mientras la construcción está en punto muerto, debido en gran parte a la rigurosa política de austeridad impuesta por un gobierno conservador, decidido a reducir el déficit, la economía ha acusado el golpe y el PIB cayó un 0,3% en el primer trimestre, lo mismo que en el último trimestre de 2011, según cifras oficiales provisionales publicadas este lunes.

Dos trimestres consecutivos de caída del PIB suponen la entrada formal de un país en recesión, de la que España había salido a principios de 2010.

El gobierno prevé que el país saldrá de esta recesión en 2013, con un alza del 0,2% del PIB, tras una caída del 1,7% este año.

Numerosos economistas no comparten la misma opinión: la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) espera un -1,5% en 2013, Commerzbank un -0,3% y Natixis -0,5%, al igual que Standard and Poor’s.

“El freno que supone el sector inmobiliario y la amplitud del ajuste presupuestario previsto por España – más del 4% del PIB este año – significa que esta recesión, probablemente, se agravará en los próximos meses, lo que llevará el desempleo a niveles todavía más dramáticos”, consideró Martin van Vliet, analista de ING.

Pero, “este ajuste presupuestario es ineludible de cara a establecer unos fundamentos sólidos y una financiación suficiente del crecimiento económico en nuestro país”, afirmó este lunes el ministro de Economía español, Luis de Guindos, que recibió el apoyo de su homólogo alemán, Wolfgang Schauble, durante una rueda de prensa conjunta en Santiago de Compostela (noroeste).

La burbuja inmobiliaria es también la causa de las preocupaciones acerca del sector bancario español, fragilizado tras haber concedido préstamos a todo trapo.

Según el Banco de España, a finales de 2011 acumulaba 184.000 millones de euros en activos inmobiliarios problemáticos (créditos que podrían ser no devueltos, inmuebles y terrenos confiscados…), es decir, un 60% de su cartera.

Standard and Poor’s plasmó estas preocupaciones el jueves pasado al rebajar dos escalones la nota soberana de España, de A a BBB+.

“Vemos una probabilidad creciente de que el gobierno de España necesite proveer apoyo fiscal al sector bancario”, lo que amenazaría el objetivo de reducción de déficit, explicó la agencia de calificación.

Este lunes, la agencia concretó sus advertencias, rebajando entre uno y dos escalones las notas de nueve bancos españoles, entre ellos, el Santander y el BBVA, así como la de la Confederación de Cajas de Ahorros (Ceca).

Las autoridades españolas han exigido al sector bancario que asegure sus balances frente a estos activos inmobiliarios problemáticos, lo que ha llevado a los bancos del país a realizar provisiones por 53.800 millones de euros.

España podría ahora también aplicar una solución más radical, poniendo de lado estos activos problemáticos en lo que constituiría un “banco malo”, siguiendo el ejemplo irlandés.

El diario El Mundo afirmó este lunes que el Banco de España ha recurrido a la misma empresa de consultoría del caso irlandés, BlackRock, para tratar de sanear los balances de los bancos españoles.

Contactado por la AFP, el ministerio de Economía confirmó que está considerando este mecanismo, pero insistió en que se haría sin fondos públicos.

Sería “algo positivo para los bancos”, que podrían concentrarse en su negocio bancario más que desempeñar papeles de inmobiliaria, dijo De Guindos, quien añadió que “España no tiene ninguna intención de acudir ni al FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) ni a ninguna otra instancia de cara a la recapitalización de los bancos”.

Pero, para Martin van Vliet de ING, “aunque consideramos una etapa positiva, hacia más claridad, que el gobierno considere un +banco malo+, es poco probable que esto mejore la situación financiera del sector bancario, salvo que esto vaya acompañado de una inyección de capital” público.