La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia interpuesta por organizaciones humanitarias contra el estado de México, por los atropellos sexuales cometidos contra decenas de mujeres por parte de policías mexicanos, informó este lunes en San José una de las entidades demandantes.

La CIDH “admitió el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, el cual trata sobre la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de muejres el 3 y 4 de mayo e 2006 por parte de la policía”, indica un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La demanda fue interpuesta por CEJIL y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) el abril de 2008.

“La notificación fue recibida el pasado viernes, 18 de noviembre”, indica el documento distribuido a la prensa en la capital costarricense.

El caso admitido por la CIDH involucra detenciones arbitrarias, torturas, uso desproporcionado de la fuerza y violaciones sexuales perpetradas por policías estatales y federales durante la represión de una protesta social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México.

Además, “las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades, pues estos hechos continúan en la impunidad”, indicó CEJIL.

A partir de este momento, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presente su defensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano del sistema interamericano que cumple funciones de fiscalía con potestades exclusivas para accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en tanto que CEJIL es una organización civil coadyuvante.

Tras cumplirse el procedimiento anterior, es posible que la Comisión presente el caso ante la Corte, que tiene su sede en la ciudad de San José.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, comentó que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”.

Ya en agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la misma Corte a causa de agresiones sexuales y torturas cometidas por soldados mexicanos en contra de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero, recordó Krsticevic.