Los habitantes de Quintero y Puchuncaví, con el apoyo de la Fundación Terram, presentaron un recurso de protección que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de los ministerios de Medio Ambiente y Salud por omitir durante 26 años el dictamen de una norma de calidad de aire para el arsénico.
Además, apuntaron contra la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente al no considerar en su Programa de Regulación Ambiental para 2020 y 2021, la revisión de la normas de Calidad Ambiental para Material Particulado fino, Emisión de Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico.
Katta Alonso, vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio, señaló que la normativa ambiental chilena es muy permisiva, y que la norma de arsénico ha puesto en peligro la vida de los habitantes de la zona por décadas, dañando en particular a niños de entre 1 y 5 años.
Hernán Ramírez, investigador adjunto de la Fundación Terram, señaló que no se explica cómo la cartera no incluyó esta serie de normas ambientales en su programa, advirtiendo que hay una falta de deber absoluto del Estado.
En tanto, durante esta jornada, la Intendencia de la región de Valparaíso emitió una nueva Alerta Ambiental entre el mediodía y las 13:00 horas por una emisión contaminante de Codelco Ventanas, que registró un nuevo peak de SO2.
Además de la acción de Terram, la Defensoría Ambiental presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un recurso de protección para exigir el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Suprema el 28 de mayo de 2019, cuando dictó una serie de acciones para subsanar la crisis ambiental que azotó a Quintero y Puchuncaví en 2018.
