Primero fue el ministro del Interior, Mario Fernández, luego, la vocera, Paula Narváez. Ambos confirmaron que el Gobierno no contaba con los antecedentes que se conocieron públicamente el miércoles recién pasado.
Dichos antecedentes tienen relación con la participación del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en 26 nuevos Consejos de Guerra en el período de la dictadura. Hasta mediados de semana, solo se sabía de su vinculación con cinco.
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Fue el ministro en visita de la región de Coquimbo, Vicente Hormazábal, quien lleva la arista de las presuntas torturas cometidas por el general del “nunca más”, el que dio a conocer la información.
Aseguró que al solicitar al Ejército detalles sobre los cinco Consejos de Guerra que se conocían, al recibir la información encontró que la firma de Cheyre aparecía en otros 26 de ellos, cuando se desempeñaba como teniente en el exregimiento Arica, en La Serena.
Por esto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, aseguró que el Gobierno pidió conocer estos nuevos antecedentes.
Fries agregó que esos detalles podrían ser incorporados a la unidad de investigación que existe en la Subsecretaría. La reacción fue catalogada como “tardía” por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Su presidenta, Alicia Lira, lamentó que así fuera. Además, dijo que solicitarán a los ministros en visita que incorporen estos nuevos antecedentes a la causa que investigan.
Petición que surgió como una de las respuestas a lo comentado ayer por el juez Mario Carroza quien dijo que esta información es “interesante pero no determinante”.
Consultado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, respecto de estos antecedentes, el secretario de Estado evitó tomar postura y dijo que esperará la decisión que tomen los Tribunales.
Por ahora, el excomandante en jefe del Ejército es investigado como cómplice de 15 homicidios en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, en 1973.
