Tras la presentación del proyecto de Reforma a la Educación Superior se esperaba un mayor énfasis en el fortalecimiento de la Educación Superior Estatal. Sin embargo, el mayor esfuerzo se concentra en consolidar el rol del Estado como regulador de oferentes privados, que además financiará crecientemente con recursos públicos. Lo lamentable es que nada se señala del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, acerca del fortalecimiento de las universidades estatales regionales.
No se consideran factores de índole regional o instrumentos que incentiven el desarrollo del país y la educación pública de manera inclusiva y mayoritaria, porque, al mismo tiempo, no se deja de financiar mediante ayudas estudiantiles a las instituciones privadas que no acepten las condiciones establecidas.
Entonces, nada cambia sustancialmente, ya que por otra parte los recursos por gratuidad e investigación van directamente también a instituciones privadas que voluntariamente acepten las nuevas reglas en términos de regulación de matrícula, aranceles, lucro y calidad. Es decir, se construye una política con guiños al sector privado con todo un conjunto de decisiones, donde se sigue asumiendo la educación como un bien transable en el mercado.
Las universidades estatales proponemos la configuración de un verdadero sistema universitario, donde se reconozca el rol del sistema estatal para el desarrollo de las regiones y el país. Para ello se requiere un mayor financiamiento directo que les permita contribuir en desarrollo de capital humano e investigación.
Hoy el sistema estatal no puede representar sólo un 14,8% de la matrícula de la educación superior. Si uno observa los países de la OCDE, en promedio disponen de una oferta pública en educación superior del 71%. No es de extrañarse hoy, que Chile sea concebido como el país más privatizado en educación superior y con los aranceles más caros en el mundo.
En tal sentido, solicitamos un marco regulatorio que ordene el sistema con acreditación obligatoria y medidas que eviten el lucro, donde por ley no se puedan retirar utilidades para fines particulares distintos a los de la educación. Creemos que las medidas propuestas en el proyecto de reforma siguen siendo insuficientes. Proponemos continuar avanzando de manera creciente y sostenida con la gratuidad, a través de una ley que haga imposible plantearse un retroceso y establecer un sistema de financiamiento con aportes basales a las instituciones de educación superior estatales y con definiciones específicas para la articulación de una red al servicio del país y de las regiones.
Finalmente, es imprescindible eliminar el Crédito con Aval del Estado por ser un instrumento regresivo para el financiamiento universitario y de acceso a la educación superior. Resulta contradictorio que se elimine el 2017 el Fondo Solidario tan relevante en materia de financiamiento para los estudiantes, para dar paso a la consolidación del CAE, que en los últimos 10 años focalizó el 40% de dichos recursos en 12 universidades privadas investigadas por lucro por parte del Ministerio y la Fiscalía.
Nuestro mayor interés como rectores de las estatales es que cada uno de los puntos indicados sean ampliamente debatidos por toda la ciudadanía, ya que hoy es necesario distinguir entre intereses privados respecto de aquellos que son propios del Estado chileno.
Óscar Garrido
Rector de la Universidad de Los Lagos
