El programa de Gobierno de la presidenta Bachelet, entre sus compromisos de campaña, planteaba el fortalecimiento de las universidades estatales, financiamiento con presupuestos basales y apoyo a las universidades regionales. Al analizar el proyecto de ley propuesto, nada señala respecto de apoyo a las universidades regionales en un país donde la centralización de los recursos y la provisión de capital humano y generación de conocimiento es abismante.
Las universidades del Consejo de Rectores (compuesto por 18 universidades estatales y 9 universidades privadas tradicionales) proveen sobre el 90% de la investigación en Chile y formación de capital humano avanzado. De las universidades del Cruch, 14 tienen sus casas matrices en regiones, las que abarcan el 98% del territorio nacional y el 60% de la población chilena; cubren el 73% de la matrícula universitaria y el 71% del Cruch.
Además el 89% de los alumnos ingresados a las universidades regionales viene de colegios subvencionados o municipales; las universidades regionales tienen un 68% de estudiantes de los seis primeros deciles con menores ingresos. Las universidades regionales del Consejo de Rectores concentran la mayor proporción de estudiantes universitarios vulnerables y talentosos, y con mayores brechas en su formación académica.
Como rector de una universidad estatal regional y del análisis de la propuesta del proyecto de ley realizado por la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) del Consejo de Rectores, puedo indicar: a) El proyecto de ley no considera los esfuerzos adicionales que deben hacer las universidades regionales para compensar las brechas formativas de los estudiantes; b) las universidades implementan con recursos propios sistemas de ayuda económica estudiantil para casos no considerados por la gratuidad (becas y préstamos); c) el esquema de financiamiento no considera los mayores costos que tiene la docencia en regiones, dificultando ofrecer similares niveles de calidad a lo largo del país; d) la vocación pública de las universidades las lleva a subsidiar los mayores costos unitarios que implica la formación de profesionales en áreas imprescindibles para el territorio regional.
Es fundamental que el proyecto de ley considere estos aspectos. De lo contrario, seguirán en detrimento las universidades regionales, afectando sus capacidades de desarrollo al servicio de sus regiones. Lo central es que el Estado repare definitivamente estas inequidades donde siempre son las regiones quienes asumen los costos.
Óscar Garrido
Rector de la Universidad de Los Lagos
