El último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-83), esperaba este martes junto a otros seis ex altos funcionarios imputados, la sentencia de un tribunal por crímenes de lesa humanidad durante el régimen de facto (1976-83).

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“Es preferible la condena que el repudio de mis superiores y subalternos, que junto conmigo combatieron los horrores de esta guerra contra el terrorismo”, desafió Bignone a los jueces en su extensa declaración antes de la sentencia.

El último presidente de facto, de 82 años, enfrenta por primera vez a la justicia que lo acusa de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de torturas contra 56 víctimas.

Los delitos ocurrieron entre 1976 y 1978, cuando era director de la guarnición de ejército terrestre de Campo de Mayo (periferia noroeste), el mayor cuartel militar del país, donde funcionó un centro clandestino de exterminio.

Las mazmorras de Campo de Mayo llegaron a alojar a 4.000 opositores, la mayoría todavía desaparecidos. También funcionaba una maternidad clandestina que permitió el robo de bebés y el cambio de su identidad para entregarlo a familias.

Vestido con un traje verde oscuro, Bignone desconoció al tribunal civil mientras a sus espaldas un centenar de personas alzaban fotografías de las víctimas de Campo de Mayo, lo que le generó al ex dictador “incomodidad espiritual”, según declaró.

Ante los jueces, Bignone volvió a admitir que el régimen hizo desaparecer a miles de personas, aunque sin reconocer la cifra de 30.000, estimada por los organismos humanitarios.

“Se machaca con la cifra de 30.000 desaparecidos, hasta el punto que quedó asentada como una verdad incontrastable. Nunca se demostró que en diez años de guerra fueran más de 8.000″, dijo Bignone, arrancando silbidos en la sala de audiencias.

En tanto, cifró en 30 los casos de bebés robados y entregados, pese a que la justicia los calcula en 500, de los cuales 101 han recuperado su identidad.

Tras los alegatos, la fiscalía pidió condenas de 25 años de prisión para Bignone, así como para el ex comandante de Institutos Militares, general Santiago Riveros y para el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, general Fernando Verplaetsen, quienes cumplen condenas a perpetua en otro juicio por delitos de lesa humanidad.

Además de ellos, están imputados los generales retirados Carlos Tepedino, Jorge García, Eugenio Guañabens Perelló y el ex comisario Germán Montenegro.

Bignone asumió el gobierno en 1982 tras la derrota militar contra el Reino Unido en la guerra por las Islas Malvinas y lo entregó en diciembre de 1983 al electo Raúl Alfonsín, primer presidente de la recuperación democrática, fallecido hace un año.

Los acusados habían pedido el martes regresar al penal de Marcos Paz para evitar estar presentes cuando se lea la sentencia, lo que no fue autorizado.

Sin embargo, podrán escucharla en una sala contigua. El abogado defensor Carlos Palermo, que protestaba contra el tribunal por esa decisión, intentó agredir al abogado querellante Pablo Llonto.

Palermo fue frenado por el personal policial, mientras los presentes le gritaban “cobarde” y entonaron “Olé, ole, ole, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Durante el juicio, que se inició en noviembre, se escuchó a un centenar de testigos, entre ellos a Héctor Ratto, sobreviviente del centro de torturas y ex obrero de la automotriz alemana Mercedes Benz que incriminó a la empresa como cómplice del régimen.

Por falta de espacio adecuado, el proceso se desarrolló en un galpón de una asociación barrial en la localidad de Munro (periferia noroeste), lo que molestó a Bignone.