Si bien muchos de los presidentes intentan llevar un mandato medido y políticamente correcto, también están aquellos que no dudan en gobernar con mano dura y sin contemplaciones.
Uno de ellos es Rodrigo Duterte, quien desde el 30 de junio de 2016 ejerce como mandatario de Filipinas, nación ubicada en el Sudeste Asiático.
Rápidamente el político comenzó a llamar la atención alrededor de todo el mundo por sus polémicas medidas.
Probablemente la más controvertida fue la del regreso a la pena de muerte por ahorcamiento, la cual había sido abolida en 2006. Según argumentó Duterte, se trataba de un mecanismo de “venganza contra los criminales”.
Determinado a acabar con el narcotráfico en su país, la autoridad lanzó una criticada “guerra contra las drogas”. En sólo cuatro meses de mandato, esta ya había dejado más de 3.700 muertes.
La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por civiles que siguieron la cruenta retórica del presidente. Tal como recoge CNN, fue él mismo quien los animó a tomar la justicia por su mano.
En septiembre de ese mismo año, hizo una comparación entre su guerra contra la criminalidad y el exterminio de los judíos que realizó Adolf Hitler, afirmando que estaría “feliz de masacrar” a millones de drogadictos.
“Hitler masacró a millones de judíos. Pues bien, hay tres millones de drogadictos en Filipinas. Estaría feliz de masacrarlos”, dijo en un discurso, de acuerdo al periódico norteamericano The Wahington Post.
Como era de esperar, su comparación con Hitler, haciendo un paralelo entre el exterminio de judíos y la campaña anticrimen en Filipinas, suscitó diversas reacciones de indignación.
Uno de los que alzó la voz fue el secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, quien calificó como “profundamente inquietantes” las palabras de Duterte.
Por su parte, el portavoz del Ministerio alemán de Relaciones Exteriores, Martin Schaefer, señaló que “toda comparación de las atrocidades del Holocausto con cualquier otra cosa es totalmente inaceptable”.
En febrero de 2017, Duterte anunció que los militares participarían en la sangrienta guerra contra las drogas, prometiendo matar aún más traficantes y adictos.
“Estoy incluyendo a las Fuerzas Armadas de Filipinas y convirtiendo el tema de las drogas en una amenaza de seguridad nacional, y llamaré a todas las fuerzas armadas a que participen”, sentenció, aseverando además que asesinaría a más adictos “hijos de puta”.
Un mes después, amenazó con imponer la ley marcial, en el marco de su controvertida campaña para erradicar la droga. La ley marcial permitiría asimismo, según Duterte, solucionar otras amenazas a la seguridad.
“Si decreto la ley marcial, pondré fin a todo los problemas, no sólo la droga”, puntualizó, agregando que esto permitiría crear tribunales militares para juzgar casos de terrorismo.
“Permitiré al ejército que los juzgue y los ejecute con la horca”, dijo en alusión a los islamistas del sur del archipiélago.
En noviembre de ese mismo año, el mandatario reconoció -sin pelos en la lengua- haber asesinado a una persona cuando tenía 16 años.
“Con 16 años, maté a alguien. Una persona de verdad, una pelea, puñaladas. Solo tenía 16 años. Fue por una simple mirada. ¿Cuánto más ahora que soy presidente?”, admitió.
Los cuestionamientos hacia su controvertido estilo para gobernar le han costado diversas críticas internacionales, razón por la cual en marzo de 2018 anunció que su país se retiraría del tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual examinaba su letal guerra contra las drogas.
“Yo declaro (…) que Filipinas retira su ratificación del Estatuto de Roma con efecto inmediato”, sostuvo.
La corte había lanzado una investigación preliminar sobre las miles de muertes atribuidas a la “guerra contra las drogas” que lanzó el mandatario en Filipinas tras su elección.
