Hace un mes, el pasado miércoles 23 de julio, en Argentina, se anunciaba por redes sociales la promulgación del Decreto 486/2025, que facilita la regulación de las iglesias, para legalizarse bajo esa característica y no otra (hasta ahora sólo podían figurar como “asociación civil” o “fundación”), y para muchos, es un acto reivindicativo, histórico y de reconocimiento, pudiendo así, por ejemplo, acceder a la compra de propiedades, obtener cuentas bancarias, etc.

Por otro lado, una semana después, acá en Chile, en este medio, se publicaba el reportaje “Una casa tomada y maniobras notariales: las jugadas del exobispo Durán para no soltar el poder”.

Un caso, como pueden ser muchos otros, en los que a uno le cabe la duda de cómo está la legislación y fiscalización en Chile, cuando, del otro lado de la cordillera su actual gobierno, tan admirado por el pacto parlamentario “Cambio por Chile”, por medio del decreto citado, refuerza las auditorías y la trazabilidad de donaciones a las iglesias. Mientras que la realidad acá es de una fiscalización más bien reactiva y no preventiva, con muchas zonas grises y de vacíos legales, que pensando en términos religiosos, se presta a cuestionamientos éticos y morales. ¿No debería modernizarse la norma para evitar los abusos y excesos que cada tanto vienen del mundo evangélico con escándalos de abusos financieros?

El Decreto argentino que salió anunciado en redes sociales por el secretario y diputado Nahuel Sotelo, de Secretaría de Culto y Civilización, joven venido del ala ultra conservadora católica, se presentaba como una reivindicación histórica, sobre todo para las iglesias evangélicas, establece la obligatoriedad de auditorías, la trazabilidad de las donaciones, estipular límites a las remuneraciones y control de los bienes raíces.

Acá en Chile, una bandera de reivindicación histórica, es la renombrada Ley de Culto nº19.638, que data de hace 26 años, a la cual se le han realizado modificaciones que estructuralmente no le han sido muy trascendentes, la cual sólo establece un registro más simple, sin auditorías periódicas ni obligación de transparencia financiera.

Una resolución del año 2017, modificada el año 2023 (enunciada en el sitio de la ONAR, y que aparece como Resolución Exenta SII N° 94 del 31 de agosto del 2023, en el sitio de la SII), modifica que, si antes los ingresos en el año comercial superaban los 12.000 UF, o ahora 4.000 UF, sólo entonces debe declararlo ante la SII.

En la actualidad estamos hablando de 157 millones de pesos y es recién esa cifra la que hace reaccionar a la entidad fiscalizadora. Entonces, bajo esa cuantiosa cifra ¿cuánto es lo que se podría disimular y manipular sin mayor control y registro a modo de “donación”, “ofrenda”, “diezmo” sin levantar sospecha de otros negocios cuestionables? ¿No parece que los medios religiosos serían buena zona para hacer circular dineros sin mayor radar?

En este caso, situaciones como las del obispo o “ex obispo” (según el bando que se tome en la situación) Eduardo Durán, con sus declaración a la prensa, con las resoluciones judiciales, hacen ver tras tramitaciones de todo tipo en notarías, demandas cruzadas en la interna de la denominación evangélica afectada, que dentro del marco legal actual, se presta para situaciones que al sentido común, las hacen muy cuestionables, por los desequilibrios y manejos de dinero sin mayor fiscalización ni intervención de la ley.

Muchas veces la ley sólo se activa tras demandas a investigación que algún disidente se atreva levantar, la situación chilena, comparada a la argentina es sólo reactiva ante posible escándalo, cuando una modernización podría prevenir las situaciones de abuso.

En el entendimiento que la prevención no limita la fe de quienes se ven envueltos o afectados por cercanía a estos escándalos, sino que son normativas que protegen a los fieles, sobre todo a los que de buena fe han depositado su confianza en algunos líderes inescrupulosos que se han aprovechado de su fidelidad, y es por esto que las normativas buscarían protegerlos de abusos y delitos financieros, de lavado y enriquecimientos ilícitos.

La transparencia garantiza el derecho a no ser víctima de explotación económica y a la obtención de información sobre el uso de los aportes que se realizan a instituciones sin fines de lucro. Organismos internacionales como la FATF (Financial Action Task Force) recomiendan la vigilancia de las ONGs y organizaciones religiosas para evitar estos financiamientos ilícitos, que podrían vincularse a organizaciones criminales y terrorismo, y esto trae recuerda a escándalos de otras instituciones y fundaciones que se sostienen por donativos nacionales e internacionales.

Es un tema presente en nuestra sociedad chilena, desde lo político a lo religioso. Y creo que cuando movimientos políticos venidos directamente de lo religioso asoman, y tienen propuestas de gobierno, hacen más relevante estos sistemas de organización, como una cultura que puede promover la prevención y probidad, al contrario de perpetuar el abuso y el crimen.

Cuando un problema como la seguridad y la delincuencia ha tomado la realidad y la preocupación del electorado, hay que pensar que la presencia popular de las iglesias, bajo una legislación con zonas tan grises que permiten la impunidad ante la pasividad de las instituciones fiscalizadoras, son también el “caldo de cultivo” para poder establecer asociaciones ilícitas de lucro abusivo, donde la línea entre lo que es una donación, en forma de ofrenda o diezmo, es muy delgada y frágil a lo que sería un acto de lavado de dinero, o en otros casos, que las recaudaciones que se hacen desde la feligresía, sean usadas para levantar empresas que sólo benefician financieramente al patrimonio de los dueños particulares de la empresa y no a la feligresía que contribuyó con desconocimiento, al capital con incluso, abaratamiento de mano de obra, para esa empresa sostenida por trabajos de “voluntariado”.

Las candidaturas que abogan por el orden y la probidad, por ideologías o instalación de batallas culturales que ponen el ojo crítico sobre los flujos de recursos financieros y su efectividad en el uso, deben traducir esta preocupación también a los ámbitos religiosos que tanto les apoyan, como coherencia con su electorado que también están bajo el peligro del abuso que propinan estas zonas de impunidad de una legislatura laxa, que yace sin grandes avances en prevención, para que la transparencia contable de las instituciones religiosas, vele mejor por los fieles y que estos no sean defraudados, más con una legislación sin grandes avances de criterio desde hace más de 25 años.

Un país más justo y transparente, debe garantizar que la confianza de millones de ciudadanos con una fe y cultura que aportan a nuestra sociedad, no sean vulneradas por la opacidad legal y expuestas a la explotación económica.

Félix Torres Hevia
Documentalista cinematográfico e investigador
Colaborador del equipo de Investigación “Gabriela Mistral” y Reparación y Memoria (CCHDH)