Años de dolores de cabeza legales les ha significado para la Primera Iglesia Metodista Pentecostal –de raíz evangélica– la remoción del ex obispo Eduardo Durán Castro, quien fue destituido en 2019 tras verse envuelto en un escándalo por presunto lavado de activos de la iglesia.
Tras su remoción, la iglesia ha interpuesto múltiples denuncias acusando a quien fue jefe de la iglesia desde 2003 de negarse a aceptar su destitución y fingir en diversas instancias que sigue siendo obispo frente a autoridades, notarios y tribunales.
Específicamente, en una causa civil hoy en curso se le acusa de haberse tomado en reiteradas ocasiones y seguir haciendo uso de una lujosa casa en Lo Barnechea, la cual fue comprada por la iglesia para que Durán residiera mientras era obispo.
Además en sede penal se encuentra una querella recientemente ingresada en su contra por los delitos de ejercicio ilegal del cargo y falsificación de documento público, por presuntamente haber revocado la representación legal de distintos miembros de la iglesia frente a notario, fingiendo aún mantener su cargo como cabeza de la iglesia.
En la imputación se le agrega la acusación de una vez más haber fingido ser representante legal de la iglesia al haber armado un aparentemente falso Directorio para la devolución de marcas que habrían sido apropiadas por el imputado de forma ilegal, hecho que fue develado por el reportaje de Bío Bío Investiga Líos en la Catedral: iglesia acusa al exobispo Durán por simular contrato para apropiarse de marcas.
La destitución de Durán, sin embargo, no es transversal, ya que en marzo de 2024 una lista de pastores de la iglesia declararon su apoyo irrestricto a Durán como único obispo vitalicio y declararon como contraria a la legislación su destitución.
En sede civil, la defensa de Durán ha argumentado que su destitución aún se encuentra siendo tramitada, y que por el momento su rol de Obispo se encuentra vigente. Consultados por Radio Bío Bío, desde la defensa penal de Durán, declinaron emitir comentarios por el momento.
El escándalo y su salida de la iglesia
En abril de 2019, Eduardo Durán protagonizó una serie de escándalos que desembocaron en su destitución.
La polémica estalló por mantener una cuenta corriente por más de 130 millones de pesos obtenidos de diezmos, que lo habrían llevado a tener una vida de lujos y, por la separación de su esposa y anuncio de matrimonio con su nueva pareja. A esto se le sumaba la apertura de una causa penal por lavado de activos iniciado por las supuestas transferencias irregulares de fondos públicos, causa por la cual fue sobreseído en octubre del año pasado.
El escándalo generó una crisis dentro de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal y el 1 de junio de 2019 se acordó la destitución de Durán y se nombró como presidente y representante legal transitorio a Luis González Alvarado.
Las razones de su expulsión, radicaban en cuatro causales de los estatutos de la iglesia: estar sometido a proceso que merezca pena aflictiva, haberse apartado de la doctrina del Evangelio, haber ejercido una errónea administración a los intereses de la iglesia y haber ejercido su cargo con abuso de poder.
Sin embargo, de acuerdo a las denuncias de la iglesia, el ex obispo se ha negado a aceptar esta destitución como cierta, aunque en una demanda ingresada el 2020 por Durán, aún en tramitación en el 24º Juzgado Civil de Santiago, se argumenta que la reunión y votación que destituyó a Durán, fue ilegal, y por lo tanto, no tendría efectos jurídicos.
La casa tomada
En enero de 2019 –meses antes del estallido del escándalo eclesiástico– Durán compró una casa en Lo Barnechea a nombre de la iglesia, para que este fuera su lugar de residencia. El inmueble ubicado en el exclusivo sector de El Faldeo costó 15.900 UF (equivalente a alrededor de 438 millones de pesos).
Luego de su destitución, se le habría solicitado la devolución de la casa, pero la respuesta no fue la esperada, debido a que el imputado habría “emprendido diversas acciones destinadas a obstaculizar el derecho de propiedad que la Iglesia tiene sobre el Inmueble”, según dice la demanda.
Como ejemplos, se indica que en el año 2021, Durán inició una acción civil para intentar establecer una prohibición de enajenar y gravar el inmueble, petición que fue rechazada por el tribunal. Posteriormente ese mismo año, Durán habría enviado a una persona para que se tomara el desocupado inmueble y viviese ahí, quedándose varios meses.
En enero de 2023, dándose cuenta que el inmueble estaba vacío, la iglesia habría retornado la posesión de la casa y contratado a un miembro de la congregación para vigilarla.
Sin embargo, el 10 de marzo de ese año, Durán habría llegado con un grupo de 8 personas más y se habría vuelto a tomar la casa a la fuerza. Al llegar Carabineros al lugar, el imputado les habría dicho que él era el obispo de la iglesia, y que el inmueble era su casa. Los últimos hechos acusados, datan de enero de 2025, cuando Durán habría instalado nuevas protecciones en el inmueble.
Revocando poderes
Gran parte de la querella penal se refiere a la firma de documentos en notarías por parte de Durán como representante legal de la iglesia, en los cuales habría revocado e intentado revocar la representación legal de otros miembros.
Específicamente, se le acusa de haber asistido en julio de 2021 –alrededor de dos años después de su destitución– a la notaría Félix Jara Cadot en Las Condes y revocar la personería que la iglesia le había otorgado a Luis González, quien en esa época se desempeñaba como presidente y representante legal. Posteriormente, ingresó en un Juzgado Civil un escrito comunicando la revocación de la representación de González.
El 28 de diciembre de 2021, volvió a ocurrir lo mismo, esta vez revocándole la personería a Jorge Silva y Eduardo Díaz, quienes en ese momento se desempeñaban como representantes legales de la iglesia, aunque al presentar el escrito ante un juzgado civil, este rechazó lo pedido por el querellado.
El 19 de enero de 2024, asistió nuevamenteme a la misma notaría para revocar la representación legal de Silva y Díaz.
“El imputado, entonces, estando en pleno conocimiento de su destitución de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal y de que no podía celebrar actos o contratos en representación de la Iglesia, pues no tenía personería para ello, compareció en una Notaría y, atribuyéndose (fingiendo) una autoridad o cargo que no detentaba, suscribió una escritura pública en cuyo contenido afirmó (falsamente) estar actuando en representación de mi representada, y en virtud de esa (falsa) representación revocó los poderes de los entonces representantes legales de la Iglesia”, indica la querella.
Devolución de marcas: un directorio fantasma
En la misma querella se acusa a Durán de haber celebrado en julio de 2019 un contrato simulado de compraventa, actuando como vendedor y comprador y auto-entregándose las marcas de la iglesia por alrededor de 2 millones de pesos. A raíz de esto, el 31 de marzo de 2023 fue formalizado por contrato simulado, causa que fue cerrada con la condición de cancelar el contrato y devolver las marcas a la iglesia.
Posteriormente, el 9 de septiembre del mismo año, Durán habría firmado un documento de entrega de las marcas, en el que nuevamente habría firmado como obispo y representante legal de la iglesia, acompañado por 14 personas que se habrían presentado como miembros del Directorio Nacional que comparecieron en el acto, los cuales, según la querella, eran totales desconocidos para la iglesia.
Aunque las marcas efectivamente volvieron a la iglesia, la acusación sostiene que todo el proceso fue simulado y basado en falsedad ideológica, y que la iglesia deberá contratar nuevamente abogados para regularizar cómo fueron restituidas estas marcas.
Defensa de Durán: ¿fue realmente destituído?
Aunque por el momento se desconocen los argumentos que tomará la defensa penal, al haber ingresado la querella recién el pasado 12 de mayo, la demanda civil vinculada a la supuesta toma de la casa ya ha tenido ciertos avances.
En esta, el abogado Juan Carlos Canepa ha argumentado que los demandantes no tienen real legitimidad sobre el inmueble ocupado por el exobispo y que Durán sigue siendo el líder legítimo de la iglesia original.
En su argumentación, explica que actualmente hay dos entidades bajo el nombre de “Primera Iglesia Metodista Pentecostal”: una de derecho público fundada en 2011 por Durán bajo la Ley de Culto y otra de derecho privado fundada en 2022 por Jorge Silva Merino y Eduardo Díaz, quienes se desempeñaron como representantes legales de la iglesia posterior a la salida de Durán. De acuerdo a lo argumentado, la organización de 2022 se encontraría infringiendo la ley que prohíbe la duplicidad de nombres de personas jurídicas.
Asimismo, en una causa vigente desde 2020 en el 24° Juzgado Civil de Santiago, se sigue discutiendo la destitución de Durán, por lo que “la investidura del Obispo Durán, se encuentra plenamente vigente mientras no exista sentencia firme y de término que diga lo contrario”, según indicó el abogado.