En enero, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general -y por votación unánime- el proyecto de Ley de Protección y Fomento de la Artesanía. La iniciativa refleja la perseverancia de miles de cultoras y cultores, así como de las diversas instituciones que hemos acompañado y trabajado junto al sector artesanal en las últimas décadas.
Al fin esta conversación cívica ha llegado al espacio legislativo. La discusión comenzará con la redacción de indicaciones para el proyecto. Para llevar a cabo esta tarea, no solo se requiere de la voluntad de la Comisión y el Ejecutivo, sino también de una participación activa y vigilante de la ciudadanía. Por ello, desde Fundación Artesanías de Chile nos parece pertinente democratizar y hacer comunes algunos desafíos que se enfrentan, y que expusimos frente a la Comisión en los días previos a su aprobación en general.
Un hito sin precedentes para el sector artesanal
Se trata de un marco legal que busca reconocer, respaldar y promover las prácticas artesanales desde sus diversas dimensiones. Se propone impulsar mecanismos de participación institucionalizados y descentralizados.
¿Las herramientas propuestas? Se consolidará un registro único de artesanas y artesanos, y se implementarán una Política Nacional de Artesanía, un Plan Nacional de Artesanía y un Comité Interinstitucional de Artesanía. En este link se puede encontrar mayor detalle sobre ellos.
Sin embargo, para poder darle al sector el lugar que merece, consideramos que este proyecto debe integrar los siguientes aspectos técnicos:
En primer lugar, debe contemplar un presupuesto que esté a la altura de otras leyes sectoriales, evitando así que sea un mero reconocimiento o que se creen nuevos espacios burocráticos que no tengan la capacidad de llevar a cabo sus cometidos.
Nos parece relevante, también, reemplazar el foco que tiene el proyecto actual, que responde en mayor medida a las manifestaciones tangibles (obras) en vez de a las y los cultores y el ecosistema en el cual se desenvuelven, que incluye a sus familias, comunidades, territorios, materias primas y espacios de creación.
Incorporar estos aspectos podría ser de gran ayuda para dar solución a la resistencia a la formalización que existe en el sector (que en el caso de nuestra red de artesanas/os, conformada por 2.416 cultores activos, corresponde al 31%).
Por otro lado, se propone incluir programas especiales de salud, seguridad social y protección de la propiedad intelectual.
En tercer lugar, creemos que es elemental que el proyecto contemple a los pueblos originarios (que en el caso de nuestra red corresponden a casi el 50% de los/as artesanos/as); que preserve las alianzas público-privadas; y que se incorporen conceptos valiosos que surgieron en el proceso participativo que llevó a cabo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en 2022 (como la figura del cultor o cultora, la de territorios y la de obra).
La incorporación de estos aspectos permitirá cambiar el enfoque del sector como un “arte menor” y reconocer la diversidad de sus manifestaciones e identidades, dirigiendo esta política pública de forma certera y acertada.
De concretarse estos ajustes, el escenario es esperanzador, pues se trataría de un cuerpo legal que tiene el potencial de lograr efectos concretos en las vidas de decenas de miles de personas que trabajan por la persistencia de las culturas desde los lugares más extremos del territorio.
