Este 10 de diciembre se conmemoraron 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este instrumento -fundante del nuevo orden internacional- fue una de las reacciones más concretas al mal radical que asoló a distintas regiones del planeta durante la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, uno de los pilares de este naciente sistema internacional de protección de los derechos humanos, es la prohibición absoluta e inderogable de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el contexto de esta conmemoración, entre los días 16 al 27 de octubre la Relatora Especial de Naciones Unidas Contra la Tortura, Alice Jill Edwards, realizó una visita oficial a Chile para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad o bajo la custodia o cuidado del Estado.
De la misma manera, en su misión la Relatora Especial se entrevistó con los distintos actores relevantes para poder estimar la forma en que Chile se encuentra cumpliendo sus obligaciones internacionales reforzadas de prevenir y sancionar la tortura, así como las de reparar a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.
Si bien la Relatora Especial, subrayó una serie de desafíos y derechamente algunas deudas que Chile sigue teniendo con las víctimas de tortura y con toda la sociedad, respecto a su arquitectura en materia de institucionalidad de derechos humanos, sostuvo que “Chile ha realizado notables avances desde la era de Pinochet (…) Ha emprendido numerosas e importantes reformas jurídicas e institucionales para inculcar una cultura de derechos humanos en todo el país y en distintos sectores”.
En relación con el mismo tema, felicitó “al Estado de Chile por la difusa arquitectura de derechos humanos que se ha construido, incluido el establecimiento de una Institución Nacional de Derechos Humanos de primera categoría A, y el Comité para la Prevención de la Tortura, que sirve como mecanismo nacional de prevención en conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”.
Sobre la “arquitectura” de los DD.HH en Chile
Son varias las razones que podrían facilitar la comprensión de la fortaleza institucional observada por la Relatora.
Sin duda, el trabajo infatigable de la sociedad civil, la ratificación de los principales tratados de Derechos Humanos en las postrimerías de la dictadura, como la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura a fines de la década del 80`; también las distintas comisiones de verdad que, invariablemente, recordaron la necesidad de crear de una institucionalidad sólida en derechos humanos, fueron factores decisivos para comenzar todo un proceso de identificación de brechas y elevación de estándares en materia de promoción y protección de derechos humanos.
Avances institucionales en materia de Derechos Humanos
Dentro de los avances institucionales, la Reforma Procesal Penal, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, la designación del INDH como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y la consecuente creación del Comité para la Prevención de la Tortura, la Defensoría de la Niñez y la creación de unidades especializadas en DD.HH. en los distintos órganos del Estado, podrían considerarse como la piedra angular en esa construcción.
Pero ¿es suficiente una arquitectura sólida para una promoción y protección efectiva de los Derechos Humanos de todas y todos los habitantes del país? No es suficiente.
Un diseño adecuado es fundamental. Pero además es clave concientizar a todas las autoridades de la importancia de incorporar la perspectiva de derechos humanos en todas y cada una de las funciones estatales.
Igualmente, es clave avanzar en programas de capacitación permanentes en Derechos Humanos a todas las personas funcionarias públicas, especialmente a aquellas que tienen un rol de garante de la integridad física y psíquica de las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados.
Y, por supuesto, haciendo un compromiso real para llevar justicia a las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos, ciertamente reparándolas y ofreciendo garantías de no repetición, entre otras acciones.
Prevención de las violaciones a los Derechos Humanos
Dentro del andamiaje institucional en Derechos Humanos, es de esperar que exista un lugar especial para las personas privadas de libertad o que se encuentren bajo la custodia o cuidado del Estado.
Ellas -que han y siguen siendo complemente invisibles- son la principal evidencia de que una arquitectura sólida sólo es un buen comienzo.
Las historias de malos tratos en hospitales psiquiátricos, centros de justicia juvenil, residencias de protección, cárceles, unidades policiales, establecimientos de larga estadía de personas mayores, pasos fronterizos, dan cuenta que queda un largo camino por recorrer.
En el Chile de hoy, la cultura de la prevención toma una relevancia especial.
Hacer todos los esfuerzos para prevenir las violaciones a los derechos humanos y de esa manera ir construyendo una cultura del trato digno, deberían ser los pilares más firmes que permitan sostener a una sociedad más democrática y una verdadera cultura de la paz.
