En estos tiempos en que en Chile discutimos una propuesta constitucional en que se determinará el rol del Estado en nuestra sociedad, paralelamente han surgido discusiones o situaciones que constituyen una alerta sobre la confianza en cómo lo pueda hacer el Estado administrando y fiscalizando el uso de los recursos de nuestros impuestos e ingresos que se destinarían a un sistema de salud público universal y a un sistema de pensiones con administración estatal.
En una semana noticiosa, como la anterior, salió a la luz pública un millonario fraude que llevaron a cabo profesionales de salud al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Se trata de un robo que supera los 8 mil millones de pesos. ¿Cómo lo hicieron? Ingresaban el RUT de los beneficiarios, luego la prestación o prestaciones que permitía el sistema y después, mediante un sistema automatizado, recibían en sus productos bancarios el monto de apoyo que da Fonasa a las prestaciones médicas realizadas.
Uno de los afectados, Cristián Vidal, se dio cuenta de esto cuando intentó atenderse en la salud privada y al momento de sacar un bono le dijeron que había llegado al límite. Es decir, sólo al atenderse en la salud privada pudo descubrir el fraude. Sorprende la falta de control de Fonasa y que sólo a instancia de un afectado saltaran las alarmas, sin que antes resultara sospechoso que profesionales de la salud obtuvieran cifras tan altas en bonos. Esto evidencia que cuando algo es público y no hay incentivos, nadie lo cuida.
En las últimas semanas se ha discutido el proyecto de 40 horas e incluso el Gobierno dio a conocer que entregará el sello 40 horas a aquellas empresas cuya mayoría de trabajadores estén laborando esa o una menor cantidad de tiempo a la semana. No obstante, nos encontramos con que en el Estado quienes están a contrata y planta deben cumplir 44 horas semanales.
Además, los gobiernos de diferentes colores han destacado e insistido en la importancia de la formalización del trabajo, con la finalidad de que se paguen las cotizaciones previsionales, pero nos encontramos con más de 320 mil personas trabajando a honorarios en el Estado chileno (gobierno, municipalidades e instituciones estatales)
Por otro lado, el presidente Boric llamó en su cuenta pública a aumentar la productividad del país en un 1,5%, mientras nos encontramos con servicios públicos que cierran a las dos de la tarde y un Estado que no ha incluido la tecnología necesaria para mejorar la eficiencia y modernizarse a tono con el tiempo en que vivimos y de manera de disminuir el gasto inútil, como excesivo número de asesores. Lamentablemente, esto pasa la cuenta. Si no, basta recordar cómo durante la pandemia se otorgó el bono de $500.000 a personas que no les correspondía.
Finalmente, respecto al cierre de Ventanas, se debe ir al origen de la adquisición de la planta y a como señala Óscar Landerretche en su libro “Hacia un nuevo Pacto”1 se obligó en el año 2005 a Codelco a comprar dicha fundición que generaba pérdidas y cuyo dinero se utilizó para pagar deudas de Enami. O sea, un subsidio de minería privada que está compuesta por algunas de las mayores fortunas chilenas con vinculaciones políticas de lado y lado. Prácticamente, nada de la producción de Codelco se procesa en dicho lugar.
De esa forma Codelco asumió uno de los peores pasivos ambientales de la minería chilena. Si bien los trabajadores y el equipo de ingeniería han hecho esfuerzos por limpiar la faena, estos resultaron insuficientes.
Lo que se critica es que pese a que el expresidente de Codelco propuso soluciones con anterioridad, no se hubiera programado antes su cierre, construcción de fundiciones y reubicación de trabajadores, y que, en vez de eso, se improvise sobre la marcha producto de una presión insostenible.
Todos los puntos anteriores trascienden a gobiernos y partidos políticos, y demuestran que el Estado al estar capturado por grupos de poder e influencia y de intereses particulares, se vuelve ineficiente y asume labores que no le son propias y no puede cumplir su rol fundamental de estar al servicio de las personas, convirtiéndose en un mal empleador, mal empresario y ejecutor de los derechos sociales que debiera.
