El éxito de la Convención Constitucional en curso depende, entre otras variables, de la capacidad que tengan los convencionales de generar una Constitución que sea representativa de la diversa realidad chilena y no solo de las posiciones de sus respectivos bloques. Para ello, es deseable que el contenido de la nueva carta magna sea consensuado lo más ampliamente posible. Mientras menos convencionales participen de los acuerdos para elaborar la nueva Constitución, el contenido de esta será menos representativo, lo que pondría en riesgo su aprobación en el plebiscito de salida. En consecuencia, los intentos de algunos grupos de modificar la regla de mayoría calificada de dos tercios en la Convención son contraproducentes.
Estamos en un proceso histórico. Por primera vez, se redactará una Constitución en democracia, sin vetos ni exclusiones. La Convención elegida en las elecciones del 15 y 16 de mayo es paritaria, con participación de pueblos originarios, y con representación de la mayoría de los sectores políticos y sociales. Nunca en la historia de Chile hubo un organismo que fuese tan diverso y representativo de la realidad del país. No obstante, justamente por esa diversidad, y también debido a que muchos convencionales tienen más experiencia en las luchas sociales que en la negociación política, es que la Convención arriesga no cumplir su objetivo. Se trata de personas con ideologías, formación e historias de vida muy disímiles. Por lo mismo, si se quiere llegar a un resultado óptimo, es necesario que los convencionales salgan de la política de trincheras y entren en un terreno deliberativo.
En el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas con representación legislativa, se pactó que la Convención Constitucional iba a tomar decisiones con una mayoría calificada de dos tercios de sus miembros. El contenido de ese acuerdo, y sus posteriores modificaciones para agregar escaños reservados para pueblos originarios, fueron aprobados por amplia mayoría en el plebiscito de octubre de 2020. No obstante, el acuerdo fue desde un inicio cuestionado, especialmente por sectores políticos que se marginaron de la jornada del 15 de noviembre. El quórum de dos tercios genera suspicacia, sobre todo en ciertos sectores de izquierda. Incluso el Partido Comunista planteó la posibilidad de paralizar el trabajo de la Convención hasta que el Congreso modifique la regla de dos tercios, mientras la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, señaló que la regla de dos tercios debe conversarse.
Es comprensible que parte de la izquierda vea con recelo las reglas de mayoría calificada. Junto al sistema binominal y los senadores designados, los quórums calificados fueron parte del diseño institucional de la dictadura cívico-militar para proteger su legado político y económico. Estos enclaves autoritarios explican el poder de veto que tuvo la derecha durante las primeras décadas de democracia. No obstante, en la Convención no hay ninguna fuerza política que alcance el tercio de los escaños, por lo tanto, no hay veto posible.
El uso de mayorías calificadas para modificar o aprobar textos constitucionales no es un invento chileno, sino que han sido usados en procesos constituyentes en América Latina. En la Asamblea Constituyente de Bolivia, por ejemplo, se utilizó una mayoría calificada de dos tercios. En la Asamblea Constituyente de Colombia se usó un sistema mixto: se votó por mayoría absoluta (50% +1) en primer lugar, y los temas más controversiales se discutían después con una mayoría calificada de dos tercios, obligando así al consenso en las áreas que generaban más divergencias.
Los argumentos detrás de las mayorías calificadas son varios. Primero, al forzar grandes acuerdos, permite mayor representatividad en la toma de decisiones. Segundo, asegura mayor estabilidad, ya que dificulta que una mayoría circunstancial de signo contrario cambie la norma constitucional en el corto plazo. Tercero, protege a las minorías frente a mayorías que pueden ser avasalladoras y desequilibrantes. Dado a que la Constitución es la principal y primera de las leyes, es comprensible que se exijan quórums más altos que los de una ley ordinaria para su aprobación o modificación.
Adicionalmente, una propuesta de texto constitucional que no surja de una amplia mayoría corre el riesgo de ser rechazada en el plebiscito de salida. Según el itinerario constitucional, el plebiscito de salida tendrá voto obligatorio, por lo que el porcentaje de participación será mayor que el 41% de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Esto significa que millones de votantes que no se expresaron en las urnas en la elección de convencionales sí lo harán en el plebiscito de salida. Es imposible saber de las preferencias y motivaciones de quienes se abstuvieron. Pero debido a que no votaron en una de las elecciones más importantes de las últimas décadas, es posible presumir que son personas con escaso interés en política, y por lo tanto con baja o nula ideologización. El electorado del plebiscito de salida será más moderado y despolitizado que el de las elecciones del 15 y 16 de mayo. En consecuencia, es una mala estrategia presentar una propuesta de texto constitucional que no haya sido consensuada ampliamente. Si el texto constitucional propuesto por la Convención no representa la diversidad de esta, difícilmente será representativo de la diversidad del país.
La tentación de algunos bloques es escribir una Constitución a la medida de sus posiciones iniciales, negociando lo menos posible con quienes tengan visiones distintas. Esto es una mala estrategia, ya que lesiona la representatividad y universalidad que debe tener una Constitución. Adicionalmente, pondría en riesgo la aprobación de la propuesta de texto constitucional en el plebiscito de salida, y afectaría la estabilidad de la nueva Constitución en caso de ser ratificada. Si ciertos sectores políticos y sociales sienten que la nueva carta magna no los representa, podrían intentar modificarla o cambiarla totalmente en el futuro. En definitiva, la regla de mayoría calificada de dos tercios debe mantenerse, ya que aumenta las probabilidades de éxito del actual proceso constituyente.
