El terrible fallecimiento de un menor luego de que el bus escolar en que viajaba fuera impactado por delincuentes que huían tras robar un celular, es también una expresión nefasta de las consecuencias cotidianas que trae consigo el auge indiscriminado de este delito.
El robo de celulares en Chile se ha convertido en un fenómeno delictual masivo y alarmante. Según cifras de la PDI, más de 500 mil teléfonos móviles son robados cada año —unos 2.000 al día—, generando un mercado negro que se alimenta de la “plata fácil” y financia redes criminales más amplias, desde la receptación habitual hasta el microtráfico de drogas.
Hace un mes, justo antes de Fiestas Patrias, presenté un proyecto de ley que busca enfrentar este problema de manera integral. La iniciativa tipifica expresamente el delito de robo de dispositivos móviles, aumenta las penas de receptación cuando se trate de celulares robados, pero además, y aquí lo novedoso e innovador de mi propuesta, obliga a las empresas de telecomunicaciones en un plazo máximo de 48 horas de recibida la denuncia, a bloquear simultáneamente los tres elementos que identifican un teléfono:
1. IMEI (International Mobile Equipment Identity): es el número único que identifica el equipo físico, el aparato mismo.
2. IMSI (International Mobile Subscriber Identity): corresponde al número que identifica al abonado o usuario, almacenado en la tarjeta SIM.
3. MSISDN: es el número telefónico del suscriptor, es decir, la línea asociada al dispositivo.
Hoy, cuando una persona denuncia el robo de su celular, muchas veces solo se bloquea el IMEI, lo que permite a los delincuentes cambiar el chip y seguir usando o revendiendo el teléfono. Con este nuevo sistema, los tres códigos quedarían bloqueados dentro de un plazo máximo de 48 horas, lo que inutiliza completamente el aparato y elimina cualquier incentivo para su comercialización ilegal.
Esta es la principal novedad del proyecto: por primera vez se exige a las compañías telefónicas realizar un bloqueo integral y coordinado, haciendo imposible que el dispositivo robado funcione en otra red o con otro chip, sea prepago o plan. En términos simples, el celular robado dejará de tener valor para el delincuente.
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara hemos impulsado esta iniciativa con la convicción de que la seguridad parte por cerrar los espacios al crimen. Bloquear el uso y la venta de celulares robados no solo protege a las víctimas, sino que golpea directamente el negocio delictual que se esconde detrás.
Porque cuando la ley corta la cadena del lucro fácil, también se debilita el poder del crimen organizado. Y ese es, en definitiva, el objetivo central de este proyecto: que en Chile robar un celular deje de ser un negocio.