Esta semana se dio un paso importante para los acuerdos y la democracia. Con un amplio respaldo la Cámara de Diputadas y Diputados, tal como lo hizo el Senado, aprobó el proyecto de ley que establece una multa para los ciudadanos que no concurran a votar en las elecciones y una reforma constitucional que eleva los requisitos para que los extranjeros avecindados en Chile puedan votar.
Las iniciativas avanzaron gracias a un acuerdo transversal en el Congreso, articulado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacios.
Más allá de las legítimas diferencias políticas, lo que está en juego es la confianza ciudadana, y esa solo se construye cuando la democracia funciona con reglas claras y estables. Por eso, es importante destacar el esfuerzo realizado en estos dos proyectos, que dan señales concretas de responsabilidad política, fruto del diálogo y de la búsqueda de consensos amplios.
Multa por no votar
La primera de las medidas establece que, desde las elecciones de noviembre, los ciudadanos chilenos que no concurran a votar deberán pagar una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre 35 mil y 103 mil pesos. En el caso de los extranjeros habilitados para sufragar, ellos no quedarán afectos a esta sanción.
Durante la tramitación se discutieron montos más altos, pero considerando las preocupaciones planteadas por distintos parlamentarios, se construyó un acuerdo que permitió reducir el techo de esta multa a la mitad.
De esa forma, se alcanzó un equilibrio entre la necesidad de asegurar la participación y la proporcionalidad de la sanción. Al mismo tiempo, la ley contempla excepciones claras: no se multará a quienes estén enfermos, residan a más de 200 kilómetros del local de votación, se encuentren fuera del país, deban cumplir funciones electorales o enfrenten un impedimento grave acreditado. Tampoco se aplicará a personas con discapacidad debidamente certificada.
Voto extranjero en Chile
En paralelo, se aprobó una reforma constitucional que actualiza los requisitos para que los extranjeros puedan votar en Chile.
Hasta ahora, bastaba con cinco años desde la residencia temporal para ejercer este derecho. A partir de 2026, el requisito será de diez años de avecindamiento ininterrumpido desde la obtención de la residencia definitiva. Con este cambio, se busca que quienes participen en las elecciones tengan un vínculo más permanente con nuestro país.
Esta reforma responde a una realidad evidente: la migración en Chile ha crecido y se ha transformado de manera significativa en la última década. Nuestro marco electoral debía actualizarse para reflejar esa situación.
Solo cinco países en el mundo permiten votar a extranjeros en todas sus elecciones, y Chile se encuentra entre ellos. Con estos nuevos requisitos, avanzamos hacia estándares más equiparables con otras democracias.
Acuerdos sólidos para el país
Ambas medidas, discutidas y aprobadas en paralelo, se complementan y entregan certezas. El Presidente Gabriel Boric lo expresó con claridad: había que respaldar el acuerdo, y el Ejecutivo cumplió.
En democracia, cumplir con la palabra empeñada es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadana en sus instituciones. Con estas reformas se entregan certezas al proceso electoral y se demuestra, una vez más, que con diálogo y trabajo serio es posible transformar debates complejos en acuerdos sólidos para el país.