La Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) fue presentada como una de las grandes innovaciones en salud. Un seguro voluntario para los afiliados de Fonasa que, pagando una prima adicional a su cotización, podrían acceder a mejores coberturas en clínicas y prestadores privados, sin dejar de pertenecer al sistema público. En palabras simples: quien se inscribe paga un extra y recibe una protección más amplia, pensada para evitar gastos catastróficos y reducir tiempos de espera cuando la red pública no logra responder.
Su origen está en la Ley Corta de Isapres de 2024, en plena crisis del sistema privado. El Ejecutivo la instaló como emblema de la complementariedad público-privada, prometiendo que Fonasa licitaría a aseguradoras para ofrecer este producto.
El compromiso fue explícito: la MCC estaría operativa durante el primer semestre de 2025. Miles de familias creyeron que, por fin, tendrían una alternativa concreta para acceder a atención oportuna sin hipotecar su bolsillo.
La realidad ha sido muy distinta
La primera licitación de junio se declaró desierta porque ninguna aseguradora quiso participar. La ley fijaba un plazo máximo de tres meses para convocar un segundo proceso, que se cumplió el 23 de septiembre. Ese día venció la obligación legal, pero el Gobierno no cumplió: las nuevas bases aún siguen en Contraloría y nadie sabe con certeza cuándo comenzará realmente la licitación. Lo que se prometió como un programa estrella terminó convertido en un expediente detenido en la burocracia.
No fue un accidente. El diseño inicial obligaba a las aseguradoras a trabajar con precios de hospitalización por debajo de los costos reales, lo que hacía inviable sumar a una red suficiente de prestadores.
A esto se añadían multas y restricciones desproporcionadas que encarecían la operación, junto con un plazo de apenas dos meses para implementar un sistema completamente nuevo. Con ese cuadro, el fracaso era predecible.
Modalidad de Cobertura Complementaria: Una nueva propuesta de bases
Tras ese golpe, el Ejecutivo asegura haber aprendido la lección y presentó una nueva propuesta de bases. Entre los cambios destacan un mecanismo de stop loss para limitar el riesgo de las aseguradoras, la opción de participar en coaseguro, la eliminación de la gratuidad de la tercera carga reemplazada por una rebaja en la prima y la reducción del tope anual de cobertura de 500 a 400 UF. También se amplió el plazo de implementación a cuatro meses, se simplificó el sistema de multas y se modificó la forma de presentar las ofertas.
Sobre el papel, estos ajustes buscan dar certezas al mercado. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿habrá aseguradoras y prestadores dispuestos a participar? Si no los hay, el desenlace será un trato directo, donde ni los usuarios ni el Estado tendrán claridad de cuánto costará finalmente este seguro.
Un gasto adicional para FONASA
Y aquí surge lo más delicado. Todo indica que la MCC ya no será una fuente de ingresos para Fonasa, como lo proyectaba el Informe Financiero aprobado en el Congreso, sino un gasto adicional. El stop loss implica que, cuando los costos superen lo esperado, Fonasa asumirá la diferencia. En simple: serán los contribuyentes quienes terminen subsidiando a los afiliados que pueden pagar una prima extra de 30 a 50 mil pesos mensuales.
El resultado es evidente: los afiliados de mayores ingresos dentro de Fonasa tendrán acceso a esta cobertura complementaria, mientras que quienes cuentan con menos recursos seguirán dependiendo exclusivamente de la red pública, atrapados en listas de espera que superan los tres millones de casos. Más gasto en la MCC, bajo estas condiciones, significa menos margen fiscal para fortalecer hospitales y consultorios.
Y es una lástima, porque la Modalidad de Cobertura Complementaria puede ser una buena idea si se hace bien: transparente, financieramente sostenible y con reglas claras que permitan ampliar efectivamente las alternativas de atención. Pero el Gobierno la ha convertido en un símbolo de improvisación: promesas incumplidas, plazos vencidos y cambios que no despejan la incertidumbre.
Prioridades
Lo más preocupante es que, mientras millones de chilenos esperan por atención, el Ejecutivo ha preferido instalar discusiones como el aborto libre o la eutanasia, proyectos ideologizados que dividen al país en lugar de unirlo. En vez de conducir con seriedad una política de salud robusta y sostenible, se insiste en una agenda sectorial que posterga lo urgente: dar respuesta a las necesidades reales de las personas.
Chile necesita un Gobierno que ponga las prioridades en orden. La primera debe ser asegurar que cada peso fiscal se oriente a reducir listas de espera y a fortalecer la red pública de salud, al mismo tiempo que se construye una MCC seria y viable, capaz de cumplir lo que se prometió. Porque lo que el país espera no son promesas grandilocuentes ni debates ideologizados, sino respuestas concretas y responsables que garanticen acceso a atención de calidad en tiempos razonables.