En materia de seguridad Chile no puede seguir perdiendo tiempo, debe optar por hacer la pega derrotando los buenismos y los complejos ideológicos.
Chile tiene un 200% de sobrepoblación en 16 de sus cárceles.
En 2022 la población penal aumentó un 19% llegando a 46 mil reclusos.
En octubre de 2023 Gendarmería reportó que los presos en Chile superaron los 54 mil y las proyecciones dicen que para 2033 la población penal estaría en torno a los 80 mil reclusos.
En estas condiciones el control es escaso y el Estado de Derecho es abandonado a las bandas que operan bajo la ley del crimen.
Nayib Bukele afirma que tardó siete meses en construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, una mega cárcel que le permitió aumentar en 40 mil plazas la capacidad carcelaria de su país.
Ecuador inició hace días la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad que esperan tener listas en 10 u 11 meses.
Soluciones clásicas, de sentido común, voluntad sin complejos
La sobrepoblación y el hacinamiento impide la segmentación de la población penal y esta es la única manera de evitar el contagio criminógeno, el reclutamiento de bandas y que desde las rejas se comande la criminalidad en el exterior: “la cárcel manda la calle”.
Complejos buenistas en Chile
Chile hace décadas debió ponerse al día, pero la falta de liderazgo y los complejos buenistas han llevado a que no se haga la pega.
Miremos la última cuenta pública del presidente Boric, quien anunció recién para el año 2033 (una década más) un “posible” aumento de 20 mil plazas en nuestro sistema carcelario. Esto finalmente se hará mediante concesiones a privados después de que se negaron por años a su participación.
Una discusión ideológica que conlleva años perdidos y que hoy nos tiene llegando tarde.
La sobrepoblación impide un adecuado control. Pongámonos en el lugar de esos gendarmes, el nivel de riesgo y convivencia con el lumpen, el narco y el flaite, es difícil pedir otros resultados en este abandono total.
Solo en 2023 se incautaron 24.713 teléfonos desde las cárceles (pese a que existe hace tiempo la tecnología para inhibir las señales). En 5 años tenemos más de 500 causas contra funcionarios acusados de corrupción; en 2021 existían 754 bandas que operaban desde el interior de las cárceles, y a enero de 2024 ya eran 1.600; los extranjeros en las cárceles de Chile aumentaron 40% tan solo en el último año.
“Ausencia del Estado”
El mes pasado el magistrado Fernando Guzmán visitó el penal Santiago I, considerado un modelo para el resto, acusó “ausencia del Estado”. Denunció un grave problema de clasificación de reos; celdas VIP para “capos”; pagos mensuales para estar en uno u otro módulo; corrupción; internos vinculados al crimen organizado en el exterior, etcétera.
Además hizo ver que extranjeros peligrosos, sin antecedentes en Chile, son considerados de bajo compromiso delictual, quedando junto a población que realmente lo es y que luego es extorsionada bajo estos liderazgos foráneos, mucho más violentos y mucho más conectados.
Solo como dato, alguien podría pensar que este caos resulta al menos “económico” para el Estado, pero a los chilenos cada preso nos cuesta en promedio $980 mil mensuales, sumando 55 millones de dólares al mes.
Este es un problema antiguo, con una solución de sentido común.
En materia de seguridad Chile no puede seguir perdiendo tiempo, debe optar por hacer la pega derrotando los buenismos y los complejos ideológicos. De no hacerlo será el país el que paga la porfía de sus representantes viendo como retrocede el Estado de Derecho y el control de espacios por parte del crimen sigue avanzando.
