La directora a cargo de infancia sale por la crisis de su gestión y el ministro que era responsable junto con ella da clases en una importante universidad catalana a partir de esa gestión. ¿El ámbito de la especialidad del curso? Infancia, por supuesto. Esta es solo la última ironía que nos depara la institucionalidad sobre NNA.
La infancia y las políticas públicas sobre ella están cruzadas por la ironía.
“Los niños primero” fue un eslogan que, sin ser privativo de Chile, se escuchó en nuestro país con fuerza por parte del gobierno de Sebastián Piñera y por parte del partido Evopoli en particular (aún está en su web, lo que agradezco). La ironía se cuenta sola.
La presencia pública de la temática no fue seguida por una voluntad política equivalente.
¿Ocurrió alguna vez que partiéramos la discusión presupuestaria desde la temática de infancia? No ocurrió.
El presente del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
“Mejor niñez” se llamó desde el 1 de octubre de 2021 a la institucionalidad que se hace cargo de vulneraciones de derechos de la infancia.
Se reemplazó así el uso genérico de Servicio Nacional de Menores, aunque en rigor se restringió dicha denominación para los casos de adolescentes infractores.
La conjugación de palabras ‘mejor niñez’ sonaba a ironía desde el principio, pero la esperanza es lo último que se pierde. Será lo último por perder, pero no es infinita. Y ya se perdió.
El nombre institucional en realidad era uno menos ostentoso y ambicioso, pero se usaba ‘mejor niñez’ por alguna razón comunicacional. Eso también cambió, sin mucho bombo (quizás se agradece) y finalmente se usa el nombre administrativo más sobrio: “servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia”.
Aunque el nombre sea más sobrio, la palabra ‘protección’ sí es irónica, pero no demasiado. De todos modos, la suma de las pequeñas ironías configuran un escenario plenamente irónico (esto da para una teoría).
Y es que hay más situaciones que ameritan la convocatoria del concepto de ironía. Una es que para saber qué hace esta institucionalidad, las personas recurrimos, en el siglo XXI, a su página web. Pero la página no está funcionando. En redes sociales hay algo de información. La siguiente imagen es la última información que fue publicada (28 de marzo).
¿#EnQuéEstamos en el Servicio de Protección? 🤔 ¡Entérate acá! 👇🏽 pic.twitter.com/7tP0S8J1aB
— Servicio de Protección (@servproteccion) March 28, 2024
Con el espíritu altisonante de la política actual podría yo vociferar indignado (o lanzarle una lata de tomate a un cuadro del Museo de Bellas Artes) en reclamación ante la presencia de eventos o actividades que podrían ser impertinentes o, en cualquier caso, poco relevantes.
No es la agenda de una institución en crisis, con problemas históricos de alta gravedad, que merece una intervención importante. Tampoco hay anuncios de que el sitio está en mantenimiento o algo.
Las ironías vienen desde atrás
Alguna vez me comentaron desde organismos públicos (me lo dijeron en 2015) que las autoridades de infancia de Chile eran las únicas en todo el sistema público que solían evitar los viajes a reuniones internacionales porque no había nada bueno que mostrar y, para ser más claros, daba vergüenza.
Claro que sí, daba vergüenza ver cómo crecía el PIB y cómo se profundizaban, al mismo tiempo, las crisis en cuidado de la niñez y la adolescencia.
Para decirlo más claro, ocurría que de pronto había gente que no quería un viaje a Europa porque nadie quiere ir a pasar vergüenzas. Las mismas personas, en cargos con aplausos, viajaban felices. Otra ironía.
La situación parece ridícula. Y lo es. Desgraciadamente no es broma.
El informe de 2022 de UNESCO sobre Chile (“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CHILE”) señala que:
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Esta creciente unidad jurídica, de todos modos, no parece traducirse en una planificación orgánica en favor de la mejora continua y en la escala requerida.
Y es que los problemas no son de unidad jurídica principalmente. Si vemos el informe del Comité de los Derechos del Niño en 2018, luego de visitar el país, se señala que el Estado chileno violaba sistemáticamente los derechos de niños y niñas que se encontraban en cuidados residenciales.
El Comité además constató que la mayor parte de los centros carece de recursos para desarrollar acciones de reunificación familiar. El informe afirma que el Estado de Chile es responsable de:
• Violar su obligación de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en las residencias de administración directa del Estado, lo que ha resultado en una revictimización cometida por el personal.
• Violar su obligación de proteger por no proveer la protección y el cuidado adecuado a niños, niñas y adolescentes que entran en el sistema de protección residencial por haber sido víctimas de vulneraciones de derechos, ni los cuidados necesarios para su recuperación y rehabilitación física y psicológica.
• Violar su obligación de hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes por no disponer de medidas efectivas y oportunas para poner fin a las violaciones de derechos tanto en su familia de origen como en las residencias de administración privada.
Ninguno de estos gravísimos problemas (no solo problemas, sino violaciones a los derechos humanos) se resuelve con una mejora en la capacidad orgánica del derecho.
Se requiere mucho más, entre otras cosas, dinero.
El presupuesto en infancia debe transformarse radicalmente. En la actualidad es absurdamente insuficiente. Los funcionarios del sistema deben atender a la vez cantidades extraordinarias de NNA y el volumen de apoyo profesional no está a la altura del problema.
El reporte anual que realiza la Defensoría de la Niñez (que normalmente ofrece mejor información que el organismo) señala que “en materia presupuestaria (…) la variación presupuestaria en niñez y adolescencia desde 2020 a 2023 ha aumentado en un 6%. Ello, en contraposición al presupuesto general, es una evolución menor”.
En noviembre de 2018 se votó en la Cámara de Diputados el aumento en el presupuesto para la subvención de los organismos colaboradores del SENAME. Por entonces el diputado Jackson publicó un hilo en Twitter:
Hoy en la mañana, se votó en la cámara el proyecto de ley para aumentar la subvención a los organismos colaboradores del SENAME. En el siguiente hilo intentaré explicar qué es lo que se votó y en qué contexto queda el debate sobre la protección de la infancia en Chile…
— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 22, 2018
En dicho hilo el exdiputado explicó con claridad que se requería aumentar el presupuesto en más de doscientos millones de dólares (dinero de hace seis años).
La cifra, según señaló el diputado entonces, es alta. Sin embargo, fue enfático en señalar que ello debía dejarse de lado, que era indispensable otorgar este monto de dinero para resolver esta prioridad.
Alguien nos podría decir: ¿pero cómo vamos a llegar a esos 2 millones (estándar) de un día para otro? Bueno, el aumento costaría cerca de $200 millones de dólares anuales adicionales. Es cierto, son muchísimos recursos. Pero…
— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 22, 2018
El mismo año 2018, el mismo diputado señaló en el hemiciclo: “Señora Presidenta, más allá de las buenas intenciones de un equilibrio fiscal, es importante aclarar las cosas que ha comprometido este nuevo gobierno (hace referencia al gobierno de Sebastián Piñera en su segundo mandato) y que ha dicho ya durante estos días”.
Promesas a la infancia
El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la institucionalidad de infancia y adolescencia, estuvo bajo su dirección. No hubo novedades importantes, por cierto. Había que ceñirse a la regla fiscal. Las palabras no se transformaron en programas ni en dinero. Esto no vale solo para Jackson.
Evopoli nació con un claro foco en la temática de infancia y tuvo en sus manos el Ministerio de Hacienda y una influencia importante en el área de infancia. El asunto es recurrente.
Hoy es 8 de abril y Gabriela Muñoz Navarro, directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia, dejará el cargo.
Las razones, más o menos las mismas de siempre: el fracaso total en la gestión. No he querido entrar en el detalle de las irregularidades y los absurdos situacionales. Me he limitado bastante porque las crueles ironías tienen manifestaciones materiales realmente lamentables y no quiero incurrir en el mecanismo de usar una narrativa macabra para mover el sistema política en una dirección escandalosa.
Pero la ironía continúa sin descanso.
Según se informó hace unos días en este mismo portal, Marlene Pérez, actual presidente de la Comisión Especial investigadora de las irregularidades en Mejor Niñez y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Familia de la Cámara de Diputados, señaló que “la reciente renuncia de la Directora del Servicio Especializado de Protección a la Niñez y Adolescencia revela la profundidad de la crisis que afecta al sistema, evidenciando la falta de compromiso efectivo por parte del Gobierno con la infancia vulnerable”.
La parlamentaria agregó:
“Es alarmante saber que, en medio de esta situación, el Servicio de Protección no está cumpliendo adecuadamente su rol, como lo demuestran los graves problemas de implementación detectados por la Comisión Investigadora; como la acreditación de organismos colaboradores y las largas listas de espera que se han triplicado desde el año anterior”.
La exdirectora Gabriela Muñoz dio algunas cifras en su última entrevista publicada en Twitter (hoy X):
– 4500 NNA están en residencias
– 9000 NNA están en familias de acogida
– Otros 100.000 NNA se atienden de manera ambulatoria.
Un breve testimonio personal
Fuimos familia de acogida junto a mi esposa. Ella además estuvo muchas veces en centros de SENAME porque era voluntaria en una fundación. Conocemos el sistema por dentro. Y hay cosas evidentes.
Una niña o un niño de tres años, que ha sido gravemente descuidado o abusado, requiere un volumen de intervención muy importante y de larga data. Su desarrollo estará alterado cognitiva y psicológicamente, cuando no físicamente.
Por lo bajo requiere terapia psicológica de alto nivel, psicopedagogía y terapia ocupacional, eso para empezar.
Si el infante tiene seis años cuando se interviene, la situación es muchísimo peor. Y es que en ese caso la intervención llegó muy tarde (a los tres años también era tarde, habrá que decir).
Si a todos los NNA que están en el sistema de acogida y quienes están en residencias se les pagase un servicio profesional constante en todas estas dimensiones, el costo sería al año de unos cien millones de dólares.
Se podría implementar mediante voucher para pago de profesionales y requeriría una natural supervisión de los casos, la que ya existe para los casos más graves (que son estos).
¿Se podría hacer de otra manera? Claro que sí.
Pero digo el método más rápido de implementar, el método que permitiría comenzar de inmediato y cumplir así con la obligación jurídica mínima. El monto no es realmente impagable, no generará un gran problema. Incluso si se piensa en los doscientos millones de dólares que señaló hace seis años el diputado Jackson estamos en el costo que se gasta en una concesión pequeña.
Cuando decimos que los niños deben estar primero significa exactamente que la prioridad son ellos y que, por tanto, si iniciamos cualquier presupuesto público, debemos garantizar que esa temática debe ser la primera en resolverse. Nunca se ha hecho.
Una experiencia extraordinaria en Antofagasta
Marcela Mercado y su hija Francisca Navarro iniciaron hace unos años la Escuela Rebelde Chepuja, donde atienden educacionalmente a NNA en vulneración.
¿Qué hacen? Todo lo que pueden, pero es básicamente un complemento escolar. Y dan meriendas. Y apoyo personal.
¿Con qué recursos? Fundamentalmente propios. Obviamente no ganan nada, pero además gastan.
En la lógica de mercado, el servicio es un “after school” gratuito financiado con el trabajo y el compromiso de ciertas personas.
Para el proyecto construyeron en medio de los campamentos de Antofagasta una infraestructura muy básica y coordinaron profesores con una vocación formidable para que ayudaran a los NNA. Ha sido un éxito.
No hay repitencia, se acabó el ausentismo escolar en los casos intervenidos, las calificaciones subieron notoriamente, la conducta de quienes han sido intervenidos es ejemplar en sus colegios, en fin.
Lo digo en serio, es algo admirable. Todo lo que pueda decir es poco y en Antofagasta se conoce.
Una empresa ha comenzado a ayudarles en el último año, lo que agradezco. Por alguna razón fue invitada a una reunión con un ministro hace un año o algo así (escribo de memoria). Yo pensé que le ayudarían. No ocurrió. Por la misma época supimos que se habían adjudicado fondos a fundaciones que no tenían trabajo social relevante ni experiencia previa. Otra ironía.
Los temas de infancia se hicieron visibles hace más de una década. Fue a punta de tragedias. Fue por eso que en 2009 ya Sebastián Piñera, el candidato, planteó el desafío de la infancia. Y en estos últimos diez años la crisis fue constante.
La verdad es simple: en este tema no se salva nadie
Bachelet y Piñera tuvieron sendas oportunidades desaprovechadas. Y el Presidente Boric muestra una gestión anodina al respecto, que el día de hoy muestra un nuevo fracaso: la directora nacional de la institucionalidad de infancia renuncia en medio de críticas y una comisión investigadora que, en cualquier caso, ya muestra la desorientación de la gestión del organismo.
Eso ocurre hoy mientras el exministro Jackson (que estaba a cargo de infancia) comienza, también hoy, las clases que impartirá en una universidad española.
La directora a cargo de infancia sale por la crisis de su gestión y el ministro que era responsable junto con ella da clases en una importante universidad catalana a partir de esa gestión. ¿El ámbito de la especialidad del curso? Infancia, por supuesto. Esta es solo la última ironía que nos depara la institucionalidad sobre NNA.
