Sábado, 13 de septiembre de 2025. Son cerca de las 12 del día y un grupo de sujetos ingresa a un cuartel de Laboratorio de Criminalística de Carabineros, a través de un forado de una pared que colinda con un local comercial abandonado en plena calle Santa Elena.
El robo fue preciso y revelador: los delincuentes se llevaron al menos 18 armas de alto calibre desde un recinto encargado del resguardo de evidencias y del análisis científico de la criminalidad. El caso expuso la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad y se convirtió en uno de los episodios más recordados de sustracción de armamento en la capital.
Pero no es un hecho aislado. Según cifras a las que accedió BioBioChile, este año han desaparecido —en promedio— 11 armas al día solo en la Región Metropolitana, concentrando cuatro de cada diez pérdidas o robos de armas inscritas en todo el país.
Un aumento explosivo
De acuerdo con los registros de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), 3.104 armas inscritas han sido reportadas como extraviadas, robadas o hurtadas hasta septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 141% respecto al año anterior.
El alza es sostenida. En 2022 se reportaron 862 armas desaparecidas, en 2023 la cifra bajó a 740, pero en 2024 volvió a subir a 1.287. Este año, en apenas nueve meses, ya se duplicó el total del periodo previo.
En términos proporcionales, el 41% de todas las armas desaparecidas en Chile durante 2025 corresponden a la Región Metropolitana.
La tesis de Durán: de un mal uso legal a organizaciones criminales
Este aumento de robo de armas genera un cruce de posturas entre las autoridades respecto a cuál sería la causa.
El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, sostuvo que el problema radica en el desvío y mal uso de armamento legal hacia el mercado ilícito: “Ha habido un incremento de las armas legalmente inscritas que terminan por distintas razones en manos de delincuentes”.
A su juicio, esto ocurre porque “son sustraídas a sus dueños, pero también porque muchas veces se hace mal uso de la legislación vigente: se adquieren armas por vía legal para luego traspasarlas, declararlas perdidas o simplemente no informar, entregándolas a personas vinculadas a organizaciones criminales”.
En respuesta a este fenómeno, el presidente Gabriel Boric instruyó en 2024 aumentar la meta de fiscalización a más del 10% del total de armas inscritas, incorporando personal del Ejército para apoyar a Carabineros en labores de inteligencia y control.
La visión de Cordero: más fiscalización, más detección
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tiene otra lectura. Asegura que el incremento de los registros se debe, precisamente, a una mayor capacidad de fiscalización del Estado.
“Como consecuencia del aumento de la fiscalización de armas, ha aumentado la capacidad de detección de pérdida de armas”, aseguró.
El ministro insistió en que el aumento de estas cifras “responde más bien a una mejora en la trazabilidad y control, impulsada por el aumento de las fiscalizaciones implementadas bajo el Plan Anual de Fiscalización de Armas (PAF)”.
Esta mejora, según la autoridad, ha sido particularmente notoria en la Región Metropolitana, donde la fiscalización de armas “ha sido de más del 120%” durante 2025. Además, apuntó a que dentro de la región se concentran 316.057 armas inscritas activas, lo que representa aproximadamente el 41,8% del total de armas inscritas en el país.
Si bien esta última cifra corresponde a la cantidad de armas, de acuerdo a la DGMN, en la Región Metropolitana durante este año (hasta septiembre) hay 210.822 personas que tienen armas inscritas (Una persona puede tener más de un arma).
Como prueba de esa mejora, Cordero apuntó a que se “han aumentado las denuncias al Ministerio Público”, ya que “se registran mayores entregas voluntarias de armas y se detecta un incremento de novedades de las armas extraviadas o robadas en el marco de las fiscalizaciones”.
A juicio del jefe de la cartera de Seguridad, que este problema se evidencie “está directamente relacionado con el incremento de la fiscalización de armas que ha impulsado el Gobierno”.
Consecuencias y nueva medidas
Hasta septiembre de 2025, 19.547 personas —19.379 naturales y 168 jurídicas— fueron inhabilitadas para realizar trámites relacionados con armas, debido a irregularidades o pérdidas.
El Gobierno, en tanto, ha implementado programas como MT-0 (Microtráfico cero) de la PDI, que aumentó en 4,7% las armas incautadas, y prepara nuevas herramientas de control como Huella Balística Limpia, que permitirá a la DGMN registrar digitalmente la huella balística de cada arma inscrita.
Además, dentro de la Política Nacional de Seguridad Pública, se proyecta crear un Registro Digital Unificado de Armas y Municiones, para garantizar la trazabilidad del armamento “desde su importación o fabricación hasta su destrucción”.
Con más de 3 mil armas desaparecidas en lo que va del año, la Región Metropolitana se mantiene como el principal foco del problema. Mientras las autoridades discuten si el alza responde a una mayor eficacia del control o a un aumento real del desvío de armamento, los números siguen en alza: más de 11 armas se pierden cada día en la capital.