La evasión en el pago del pasaje ha sido uno de los dolores de cabeza más importantes que han acompañado al Transantiago, transporte público capitalino. Sin ir más lejos, se estima que las pérdidas económicas ascienden a $150 millones de dólares anuales (más de $99 mil millones chilenos) a los operadores sólo por este ítem.
Así lo confirmó El Mercurio en su edición impresa, quienes aseguraron que a pesar del compromiso establecido al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet por aumentar el control, lo cierto es que las multas aplicadas a quienes no validan su tarjeta Bip! disminuyeron considerablemente.
Durante 2016, fueron cerca de 68 mil los citados a juzgados de policía producto de la evasión, cifra que representa un 30% menos de los multados durante el 2015, cuando casi 98 mil personas resultaron sancionadas por el no pago, y la menor desde el 2013, año en que se comenzó a tener registro.
Guillermo Muñoz, director del Transporte Público Metropolitano, aseguró al mismo medio que existe un proyecto de ley que busca incrementar las sanciones para aquellos que no se presenten a los juzgados. El proyecto, además, busca establecer un registro público de los evasores para restringir la entrega de licencias de conducir o la devolución de impuestos.
Lo anterior se debe a que un porcentaje muy mínimo de los infraccionados han cancelado sus multas, siendo 30 mil los usuarios que han cumplido el protocolo versus los 240 mil multados desde el año 2012. Las cifras oficiales estiman que el 65% no se presenta a las citaciones posteriores y que, por ende, no pagan.
De las comunas que más evasores registran se encuentra Puente Alto con 30.293, Maipú con 22.022, Peñalolén con 17.984, La Pintana con 17.776, Pudahuel con 14.807 y Santiago con 13.748
