Un sumario administrativo enfrenta en el abogado jefe del Serviu a raíz de una denuncia por acoso laboral, caso que llegó al Juzgado del Trabajo de Concepción a través de una millonaria demanda. El director del organismo reconoció un complejo escenario en el Departamento Jurídico, por lo que ordenó una revisión en la unidad.

El Servicio de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío ha enfrentado este año una compleja situación: existe una investigación de la Fiscalía por la pérdida de recursos fiscales en la Unidad de Operaciones Habitacionales, también está la escandalosa venta de un terreno en la Remodelación Paicaví que se concretó durante la dirección de María Luz Gajardo, sumándose ahora una demanda por acoso laboral contra el jefe jurídico, Hernán Cárdenas.

Esa acción legal partió este martes su trámite en el Juzgado del Trabajo de Concepción, con la preparación del juicio, abierto por la denuncia de la abogada Lisette Garcés, quien asegura que desde hace un tiempo es perseguida por Cárdenas, incluso deslizando en la demanda factores políticos por ser una profesional que ingresó al Serviu durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Consultado al respecto, el nuevo director del organismo, Juan Pablo González, indicó sólo que se había abierto un sumario administrativo, sin entregar más antecedentes y sin confirmar si el abogado jefe permanecía o no en funciones.

En caso de acreditarse el acoso laboral, el Serviu arriesga tener que pagar una importante indemnización, pues la abogada Garcés pide como reparación al daño causado la suma de 20 millones de pesos.

Pero como si los problemas con el clima laboral en el Departamento Jurídico no fueran suficientes, existen falencias además en la realización del trabajo, pues la semana pasada los abogados del Serviu no llegaron a la Corte de Apelaciones de Concepción para defender una demanda que busca el pago de 650 millones de pesos por el atropello a un joven en Nacimiento.

Al respecto, el director del servicio informó que había ordenado una revisión en la unidad, esperando que lo ocurrido haya sido un caso puntual.

Recordar que en paralelo a todo esto, la semana pasada el Segundo Juzgado Civil penquista falló -a favor de una contratista del Serviu- una demanda que obliga al organismo a pagar casi 1.000 millones de pesos a la empresa Edifika, que el 2012 se adjudicó dos proyectos de reconstrucción, contratos que no pudieron concretarse y que según la justicia se debió a una falta del Servicio de Vivienda y Urbanismo.