El Programa de Derechos Humanos y los querellantes en el caso Laja-San Rosendo esperan que en los próximos días el ministro Carlos Aldana pudiera pronunciarse sobre los interrogatorios y careos realizados entre el miércoles y el viernes.
Hay confianza en que el magistrado procese a civiles, ex empleados de la CMPC, como cómplices de la ejecución de 19 trabajadores de la papelera y de Ferrocarriles en 1973, al haber supuestamente proporcionado a Carabineros los elementos para el traslado e inhumación de las víctimas en el fundo San Juan.
Hasta ahora sólo una decena de ex miembros de la policía uniformada están encausados por los homicidios y se espera que con las diligencias ordenadas por la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro Aldana pueda establecer también la responsabilidad de civiles en este emblemático caso.
Cualquiera sea la decisión del juez especial, la palabra final la tendrá el tribunal de alzada, pues si da lugar a los procesamientos, éstos serán apelados por los inculpados, y si los rechaza, los querellantes -según lo han adelantado- llevarán nuevamente el caso Laja San Rosendo a la Corte para su revisión.
